CSI: Exigimos justicia social en la transición a las energías limpias

En la primera reunión de alto nivel de la Comisión Mundial sobre Transiciones de Energía Limpia Centradas en las Personas de la Agencia Internacional de la Energía, la CSI instó a los responsables políticos a dar prioridad a la equidad en la transición a las energías limpias.

En su intervención junto a figuras mundiales expertas en transformación energética, el secretario general de la CSI, Luc Triangle, destacó la necesidad acuciante de priorizar la justicia social en la transformación de los sistemas energéticos.

“Los responsables de las políticas de transición energética pasan por alto con demasiada frecuencia la equidad y la justicia social. No podemos esperar a que se tomen las decisiones para abordar la destrucción de empleo y el aumento de los costes.

“La equidad debe ser un principio rector desde el primer momento, y tenemos las herramientas para ello: el diálogo social y la negociación colectiva pueden garantizar que esta transición beneficie a las personas trabajadoras y a las comunidades”, afirmó Luc Triangle.

La CSI subrayó que los cambios estructurales que atravesará el sistema energético afectarán profundamente al empleo y al nivel de vida en todo el mundo, y darán lugar a oportunidades y riesgos:

  • Sin políticas bien diseñadas, el aumento de los costes de la energía y la pérdida de puestos de trabajo podrían afectar desproporcionadamente a la fuerza laboral.
  • La presencia de la negociación colectiva tiende a ser menor en los sectores con bajas emisiones, lo que deja a las personas trabajadoras más vulnerables durante las transiciones.
  • La negociación colectiva y el diálogo social pueden mejorar las condiciones en los sectores de bajas emisiones, y garantizar salarios justos y estabilidad para las personas trabajadoras a largo plazo.

Luc Triangle también intervino en el Diálogo de Alto Nivel sobre la Transición Energética de la AIE en la COP29, así como en la sesión ministerial sobre energía limpia del G20.

Hizo un llamamiento a los gobiernos para que integren los principios de la transición justa en sus contribuciones ceterminadas a nivel nacional, garantizando los derechos laborales y las prácticas justas en las políticas climáticas y energéticas. Sin estas salvaguardias, la transición corre el riesgo de aumentar la desigualdad y erosionar el apoyo público.