Dentro de los nueve puntos que contiene la resolución se establece el derecho soberano de los Estados a reestructurar la deuda externa sin condicionamientos; la buena fe por parte del país y los acreedores; negociaciones transparentes; imparciales; tratamiento igualitario; inmunidad soberana de jurisdicción y de ejecución; legitimidad; sustentabilidad y el respeto a la reestructuración por la mayoría.

La resolución fue una iniciativa del Gobierno de Argentina que fue apoyada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), que en 2014 se reunieron en Nueva York con la presidenta Cristina Kirchner, para manifestar su respaldo a la posición argentina frente al litigio contra los Fondos Buitre.

En el marco de la disputa internacional contra el dominio del capital y sus diferentes instrumentos de coerción contra los países del mundo, esta resolución viene a representar un avance en cuanto a las medidas que deberán ser adoptadas por la comunidad internacional para impedir que el capitalismo financiero reste de nuestros países recursos para ser invertidos en políticas para el desarrollo soberano.