Corea: El Tribunal Supremo declara el derecho a la sindicalización de los migrantes indocumentados

En una sentencia histórica, el Tribunal Supremo de Corea ha declarado que los trabajadores y trabajadoras migrantes indocumentados tienen derecho a sindicalizarse. Han trascurrido ocho años hasta llegar a esta sentencia, desde que el sindicato representante de los trabajadores migrantes interpuso su primera demanda judicial.

El gobierno se negaba a inscribir en el registro a la MTU e inició una campaña de represión dirigida contra el sindicato, con arrestos y deportaciones de sus líderes incluido. El juez dictamina ahora que estos trabajadores y trabajadoras entran dentro del alcance de la Ley de Ajuste de las Relaciones Laborales y Sindicales. Se trata de una gran victoria frente a este acérrimo gobierno antisindical.

Udaya Rai, Presidente de la MTU, afirma: “Nosotros, los trabajadores y trabajadoras migrantes, tenemos derecho a formar un sindicato. Tuvimos que esperar ocho años, por la negativa del gobierno a reconocernos este derecho fundamental. Hoy hemos comprobado que podemos lograr lo que nos proponemos manteniéndonos unidos y luchando juntos.

A partir de ahora, organizaremos a más trabajadores y trabajadoras migrantes en nuestro sindicato, independientemente de su situación, y continuaremos luchando por los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras migrantes. Agradecemos todo el apoyo y la solidaridad con la MTU”.
La negativa del gobierno coreano a reconocer los derechos de los trabajadores migrantes a organizar sindicatos ya recibió las críticas del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo en numerosas ocasiones, la más reciente en marzo de 2015.

Para dictar su sentencia, el tribunal revisó la legislación en la materia de numerosos países y concluyó que el derecho a organizarse de los trabajadores indocumentados es norma internacional. El tribunal conoció que el número de migrantes indocumentados en el país, sobre todo aquellos cuyos permisos de residencia ya expiró, rondaba las 210.000 personas en 2014.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, afirma: “Esta sentencia esclarece uno de los numerosos incumplimientos de las normas laborales internacionales que se dan en Corea, en la legislación y la práctica. Se trata de una victoria trascendental para algunos de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables y explotados que, a partir de ahora, podrán organizarse y proteger sus derechos laborales para mejorar su vida”.