Busan: El concepto de trabajo decente entra en los textos oficiales de la cooperación al desarrollo

Una vez finalizado el 4º Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, en Busán (Corea del Sur), celebrado entre los días 29 de noviembre al 1 de diciembre, con participación de USO-Sotermun, podemos ver los avances, contemplar los nuevos retos y señalar otros elementos que se recogen u omiten en el texto de la Declaración Final.

Artículo por Santiago GONZÁLEZ, Area Internacional - USO

La Conferencia de Busan es la continuación del trabajo de institucionalizar internacionalmente la eficacia de la ayuda al desarrollo. Esta Conferencia viene precedida de la Declaración de París y el Plan de Acción de Accra donde se han puesto en pie los principios que deben regir en la ayuda al desarrollo, para que sea más eficaz, y la gobernanza acorde a un buen resultado de la misma. La OCDE, el club de países ricos y donantes, tiene un claro liderazgo, paulatinamente suavizado por la incorporación de nuevos actores, países no miembros de la misma pero que se han incorporado como donantes, como los países emergentes y otros agentes de desarrollo como el de la sociedad civil. De hecho las organizaciones de la sociedad civil (OSC), englobadas en la plataforma BetterAid, en la que están incluidos los sindicatos, desde Accra, están reconocidas como protagonistas y actores de desarrollo y tenían un representante en las discusiones y redacción, junto con los Gobiernos y otras agencias, en esta última Declaración de Busan.

La Declaración de Busan de 35 párrafos ha tenido como núcleos relevantes el reconocimiento del ‘sector privado’ (que debe entenderse de forma amplia) en el desarrollo y su capacidad de dirección del desarrollo y la política de desarrollo a dos velocidades al incluirse un párrafo que deja en voluntario el cumplimiento de los principios hasta ahora consensuados en el caso de la cooperación Sur Sur, aceptando el planteamiento de China. Reclama el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, pero no menciona, ni siquiera por estética, el cumplimiento del 0,7 de ayuda al desarrollo de los países ricos.

En el caso de la inclusión del sector privado se tiene el peligro de que se confunda crecimiento y desarrollo o que los intereses de un cierto sector privado se hagan prioritarios sobre los que decida el estado o la sociedad civil. Este tema de incorporación del sector privado en el esquema de la ayuda al desarrollo era muy querido por los Estados, por muchas razones prácticas e ideológicas, España entre otros suscribió una Declaración paralela que respaldaba esta cuestión, pero también tenía el considerando de paliar la reducción oficial de la ayuda al desarrollo. Se ha querido establecer que la ayuda de los Estados sería el catalizador de la captación de la inversión privada.

El párrafo final referido al sector privado junto con otro referido a la corrupción no ha sido del total agrado de la sociedad civil y los sindicatos. Ha sido un párrafo de discusión intergubernamental sin posibilidad de intervención del resto de los reunidos. No hay referencias explícitas al cumplimiento de las normas y estándares de la OIT y al rol de los sindicatos. Ni siquiera, en un párrafo establecido en nombrar a organismos consultores y facilitadores de estadísticas, se nombra a la OIT y sí a la sempiterna OCDE (y también al PNUD). Tampoco se cita en el apartado de corrupción a los paraísos fiscales, pero sí la lucha al fraude fiscal o la transparencia de las ayudas.

Entre lo positivo, la incorporación del concepto del "trabajo decente". No es baladí su inclusión. Es un avance relevante porque aunque no se mencionan sus atributos, libertad sindical, diálogo social, negociación colectiva, previsión social,…el simple hecho de formar parte de la declaración y tener una definición concreta construida en el seno de la OIT y aprobada por los Estados, permitirá un desarrollo en indicadores y la posibilidad de reclamar al conjunto de los actores de desarrollo su cumplimiento.

Con respecto a la voluntariedad del cumplimiento de los principios de eficacia de la ayuda, en el caso de la cooperación Sur- Sur, puede derivar en permitir la consecución de concursos de explotación o comercio ligado o que se realice sin mirar la economía y pymes locales, ni por supuesto al trabajo digno. La concesión a China (y al resto de los países), de los países de la OCDE, sin ningún liderazgo europeo, mina la capacidad de los países y sociedades receptoras de la ayuda para hacerla más equitativa y en base a sus prioridades o a la rendición de cuentas.

Por último la Conferencia de Busan profundizó en la discusión del post Busan, los llamados Building Blocks que se constituyen en ejes de futuras políticas específicas (Cooperación Sur-Sur, Situaciones de Conflicto y Fragilidad, Cambio Climático, Transparencia, Políticas e Instituciones Eficaces, Gestión de la Diversidad y Fragmentación, Resultados y Rendición de Cuentas y Sector Privado) y de indicadores que midan la realidad de las políticas de desarrollo. Será el próximo mes de junio del 2012 donde se concretizará el avance logrado en todas estas materias.

En palabras del Secretario General Adjunto de la CSI, Wellington Chibebe, quien tomó la palabra en una sesión del Foro sobre enfoques basados en los derechos, “nuestro trabajo no termina aquí. Busán establece una buena base, pero sigue quedando mucho camino por recorrer antes de que los derechos laborales y el trabajo decente estén efectivamente implementados”. Entre los días 12 al 14 de diciembre, en Florencia, se reunirá la Red Sindical de Cooperación de Desarrollo para evaluar los resultados de Busan y establecer sus criterios con respecto a las políticas e indicadores específicos.
Por último, destacar que uno de los discursos inaugurales de esta conferencia, fue hecho por Paul Kagame, Presidente de Rwanda. Su discurso fue muy bien estimado, en función de que se están implementando buenas prácticas de transparencia en dicho país y de que se le había nombrado representante de África. Pero todo esto no justifica su posición en la Conferencia. Sobre todo si conocemos que está imputado por genocidio y perseguido, por lo menos, por la justicia española.