“Es un gran alivio que Lula pueda reunirse con su familia, amigos y simpatizantes. El movimiento sindical internacional seguirá brindándole su apoyo para conseguir que se anulen todas las acusaciones falsas que pesan sobre él. Su encarcelamiento allanó el camino para la elección del actual presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, cuyo gestión está teniendo repercusiones catastróficas en el pueblo y el patrimonio de Brasil”, ha declarado Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.
Tras su puesta en libertad, Lula ha criticado las políticas de Bolsonaro, señalando que “el pueblo está pasando más hambre, está sin empleo, el pueblo trabaja para Uber o repartiendo pizzas en bicicleta”. También ha subrayado el “lado podrido del Poder Judicial”.
La persecución de Lula ha estado encabezada por el exjuez Sergio Moro, nombrado ministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro. La atención se centra ahora en el pacto secreto de Moro con los fiscales para impedir que Lula, el político más popular de Brasil, se presentara a las elecciones de 2018.
El 21 de octubre, un juez del Tribunal Supremo rechazó la tentativa de los fiscales de encarcelar a Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la presidencia del país y líder del Partido de los Trabajadores.
“Poderosos oligarcas han convertido el Poder Judicial de Brasil en una herramienta al servicio de los políticos de derechas, lo que supone un retroceso con respecto a los enormes avances logrados por el Gobierno de Lula, así como el empobrecimiento de millones de personas. El Estado de derecho se ha tergiversado más allá del límite, y es preciso restablecerlo”, concluyó Burrow.
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