Los ataques estaban encabezados por simpatizantes del expresidente saliente, Jair Bolsonaro –que abandonó el país dos días antes de la investidura del presidente Luiz Inágio Lula da Silva–, ante la pasividad de algunos elementos de las fuerzas de seguridad, que incluso alentaban a los manifestantes.
El presidente Lula ha condenado “la incompetencia, mala fe o malicia” de dichos elementos de las fuerzas de seguridad, y un juez de la Corte Suprema suspendió de su cargo por 90 días al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, el bolsonarista Ibaneis Rocha.
Este último ataque organizado contra la democracia viene a confirmar la constante amenaza que supone la extrema derecha, puesta de relieve en una resolución especial adoptada por el 5º Congreso Mundial de la CSI, el pasado mes de noviembre.
“La CSI apoyó a los sindicatos y trabajadores/as en Brasil cuando la extrema derecha conspiró para lanzar un golpe de Estado constitucional contra la presidenta Dilma Rousseff y apoyamos también al presidente Lula cuando fue injustamente acusado de corrupción. Nos solidarizamos ahora nuevamente con los sindicatos, la gente trabajadora y toda la población de Brasil, en defensa de su Gobierno democráticamente electo, frente a estos actos brutales y violentos”, declaró el Secretario General Adjunto de la CSI, Owen Tudor.
Las organizaciones afiliadas a la CSI en Brasil y la CSA, su organización regional para las Américas, publicaron sendas declaraciones sobre estos eventos:
