La cúpula de Blackstone financia a políticos autocráticos de derechas que entorpecen políticas reguladoras diseñadas para mantener a raya a las corporaciones deshonestas.

Seguramente haya viviendas de su barrio, oficinas de su ciudad, almacenes situados en su comunidad, hoteles en los que usted se aloja o productos que usted compra que procedan de empresas que forman parte de la extensa cartera mundial de Blackstone, la mayor empresa de capital de riesgo y propietaria de inmuebles comerciales del mundo, y el mayor arrendador privado de la India, España y Estados Unidos, constituye un emblema del crecimiento explosivo del capital de riesgo en el siglo XXI.

Ese crecimiento se ha producido a costa de miles de millones de trabajadores y trabajadoras de todo el planeta. Blackstone es conocida por los defensores de la justicia climática por el papel que desempeña en la rápida deforestación de la selva amazónica y sus enormes inversiones en proyectos de combustibles fósiles. En el Reino Unido, Blackstone cosechó unos beneficios enormes mientras endilgaba una deuda insalvable a uno de los mayores proveedores de cuidados de larga duración del país. Blackstone se benefició vilmente de la especulación en el mercado inmobiliario tras la crisis financiera de 2008 y desalojó agresivamente a trabajadores tras la pandemia de covid-19.

Blackstone y sus filiales han sido sancionadas por infracciones en materia de competencia, contratación, empleo, finanzas y protección del consumidor en un solo país por un montante de casi 300 millones USD. También fue la cara del trabajo infantil en el sector del envasado de productor cárnicos, es famosa por las exorbitantes comisiones que cobra por gestionar las pensiones de los trabajadores, y todavía no se ha adherido a una Plataforma de derechos laborales del capital de riesgo diseñada por la coalición. En Brasil ha sido criticada por ayudar a privatizar infraestructuras públicas y corporativizar tierras agrícolas.

Blackstone parece creer que es ella –y no los votantes– la que debería determinar las políticas públicas. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda ha acusado a Blackstone de “utilizar sus importantes recursos y su influencia política para socavar leyes y políticas nacionales que, de hecho, mejorarían el acceso a una vivienda adecuada”. Dirigida por el multimillonario Stephen Schwarzman, destacado patrocinador de campañas políticas de extrema derecha, entre ellas la candidatura de Donald Trump a la reelección presidencial de Estados Unidos en 2024, la red de Blackstone se ha gastado decenas de millones de dólares en apoyar a políticos y fuerzas políticas que prometen impedir o eliminar regulaciones que podrían exigirle responsabilidades. Tras la elección del político de extrema derecha Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, Blackstone declaró vergonzosamente que la democracia del país no corría peligro, dando cobertura a Bolsonaro para asediar a la sociedad civil y a los sindicatos. Posteriormente patrocinó una gala organizada por la Cámara de Comercio Brasileño-Americana para rendir homenaje a Bolsonaro como “Persona del Año”.

Únicamente en 2022, el propio Schwarzman se embolsó 1.200 millones USD en concepto de salarios y dividendos, un ejemplo perfecto de la escandalosa desigualdad que pone en peligro la democracia en todo el mundo.