Bruselas, 20 de noviembre de 2008: Asesinatos, palizas, despidos… Numerosos gobiernos y empleadores asiáticos no retroceden ante nada para intentar silenciar a los sindicatos. El último Informe anual de la CSI sobre las violaciones de los derechos sindicales censura las brutales prácticas que han afectado a decenas de miles de trabajadores asiáticos en 2007.
Filipinas es uno de los países donde se han producido las más graves violaciones del continente asiático, continuando en 2007 los asesinatos y secuestros de sindicalistas, pese a que la cifra haya disminuido con respecto a 2006. El Informe de la CSI señala igualmente el caso de Camboya donde, después de Chea Vichea y Ros Sovannareth en 2004, un tercer sindicalista de la FTUWKC, Hy Vuthy, fue asesinado en febrero de 2007. La justicia camboyana se expuso al ridículo al ordenar que se mantuviera en prisión a Born Samnag y Sok Sam Oeun, dos inocentes acusados de haber asesinado a Chea Vichea. La situación no resulta más tranquilizadora en Sri Lanka, donde el Tribunal Supremo ha cuestionado los principios de la OIT, algunos sindicalistas han sido víctimas de secuestros y otros han recibido amenazas de muerte.
Diversos países asiáticos han recurrido a declarar el estado de emergencia, suspendiendo las libertades sindicales durante 2007. Es el caso de Bangladesh: el estado de excepción total impuesto por el Presidente el 11 de enero tuvo una incidencia muy negativa para los trabajadores/as, al prohibirse las reuniones y las actividades sindicales. Los empleadores se aprovecharon de las restricciones para hostigar sistemáticamente a los líderes sindicales.
También en Pakistán, el estado de excepción instaurado el 3 de noviembre por el General Musharraf se acompañó de la suspensión de la libertad sindical y del derecho de reunión. Numerosos sindicalistas, miembros de la oposición, abogados y militantes de derechos humanos fueron arrestados como consecuencia de estas medidas. Por otro lado, y pese a las reiteradas promesas hechas por el gobierno a la OIT, el gobierno no ha realizado el más mínimo progreso con vistas a conformar su legislación a las normas internacionales.
El nuevo Informe de la CSI muestra que, contrariamente a lo que China ha intentado hacer creer durante los últimos Juegos Olímpicos, las cosas no van de maravilla para sus trabajadores. El más mínimo intento de acción sindical independiente sigue siendo reprimido con la mayor dureza. La ley china impide que los trabajadores se organicen fuera de la federación sindical china ACFTU, cuyos estatutos la obligan a acatar las decisiones del Partido Comunista Chino. En 2007, la policía china recurrió con frecuencia al uso de la fuerza para dispersar las manifestaciones de trabajadores y trabajadoras, ocasionando varios heridos, y procedió a arrestar a numerosos activistas y dirigentes sindicales. Decenas de militantes y dirigentes sindicales independientes encarcelados durante los últimos años han permanecido en prisión, en campos de reeducación mediante el trabajo y en instituciones psiquiátricas.
En Birmania, prosigue igualmente la severa represión contra toda forma de actividad sindical. La federación independiente FTUB sigue estando considerada como organización ilegal. La junta militar birmana condenó a seis trabajadores a 20 años de prisión por haber participado en las actividades vinculadas al 1 de mayo, y encarceló también a un dirigente del sindicato de ferroviarios.
En Australia, las leyes laborales de la administración Howard siguen teniendo serias consecuencias para los trabajadores y los sindicatos. El gobierno de Howard saldría derrotado en las elecciones siguientes, en parte debido a su legislación laboral. Los empleadores utilizaron las leyes para retirar a los trabajadores de la cobertura de los convenios colectivos haciéndoles firmar contratos laborales individuales. Se impusieron importantes multas a los trabajadores y sindicatos de la construcción que emprendieron acciones para protestar por la falta de seguridad en el trabajo.
Gobiernos y empleadores asiáticos disfrazan en ocasiones su represión antisindical mediante ataques violentos cometidos por matones a sueldo. Fue el caso en 2007 en Bangladesh, Filipinas e Indonesia por ejemplo. El Informe de la CSI cita un caso de este tipo también en China: en junio, unos 300 trabajadores de la construcción, en una estación hidráulica en la provincia de Guangdong, hicieron huelga para exigir cuatro meses de impago de salarios, siendo atacados y golpeados por más de 200 matones armados con palas, hachas, tubos de acero y sables.
El gobierno de Corea del Sur también persistió en la vía de la represión antisindical. Continuaron los violentos asaltos de la policía contra huelguistas, ocasionando varios heridos graves. Las reformas laborales del gobierno no responden a las normas internacionales vigentes ni al compromiso del gobierno coreano con respecto a la OCDE. Incluso después de haber obtenido el registro oficial en octubre, tras numerosos años de lucha, el sindicato de funcionarios del Estado KGEU sigue siendo objeto de agresivas campañas antisindicales. De hecho, los funcionarios han sido sometidos a considerables restricciones de sus derechos sindicales en muchos otros países asiáticos, como por ejemplo en Tailandia o Camboya. En Japón, sigue estando prohibido hacer huelga en la función pública.
El Informe de la CSI demuestra que organizar piquetes de huelga pacíficos resulta ser una actividad peligrosa en numerosos países asiáticos. En Indonesia por ejemplo, fuerzas militares contratadas por los empleadores dispararon balas de salva contra un piquete de trabajadores. La violencia antisindical estalló igualmente el 17 de abril en Malacca (Malasia), cuando la policía dispersó por la fuerza un piquete de huelga pacífico organizado por trabajadores/as de la firma Panasonic. Esta multinacional dista mucho de ser la única que destaca en el Informe a causa de las violaciones de los derechos sindicales: también ha sido el caso por ejemplo de British American Tobacco en Malasia y de Unilever en India y Pakistán.
A través de toda Asia, y más concretamente en el sur del continente, las restricciones de los derechos sindicales en las Zonas Francas Industriales han estado acompañadas por actos de hostigamiento, despidos y abusos cometidos regularmente por los empleadores. En Pakistán, los sindicatos están prohibidos en las zonas, mientras que en India, Bangladesh y Sri Lanka las autoridades han cerrado los ojos ante las campañas sistemáticas lanzadas por los empleadores contra los organizadores sindicales.
Los trabajadores/as migrantes no se benefician sino rara vez de las protecciones elementales en Asia. En Malasia por ejemplo, un cuerpo de voluntarios civiles estuvo implicado en una serie de violaciones de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, que representan entre el 15 y el 20% de la mano de obra del país. Los trabajadores migrantes en Tailandia, Singapur y Brunei Darussalam no están autorizados a establecer ni a liderar sindicatos. En Corea del Sur, tres dirigentes del sindicato de trabajadores migrantes fueron detenidos y deportados.
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