El uso cada vez mayor por parte de los gobiernos donantes de financiamiento mixto no se basa en ninguna evidencia probada de que este método aporte beneficios de desarrollo a largo plazo a los países donde se implementan. Por el contrario, la investigación de los sindicatos y la recopilación de experiencias de las afiliadas en el campo muestran que el uso de las inversiones del sector privado en el desarrollo no contribuye a los ODS a nivel de país; los países donantes y sus instituciones financieras de desarrollo (DFI) que se han creado para apoyar la inversión del sector privado en los países en desarrollo no están otorgando sus programas contra resultados tangibles de desarrollo; y, por último, pero no por ello menos importante, ni estas instituciones ni los actores del sector privado están siendo responsabilizados por su uso del dinero público.
Lo que piden los sindicatos
Los sindicatos instan a los gobiernos donantes y las IFD a respaldar un conjunto de criterios sobre la inversión del sector privado en el desarrollo para garantizar que contribuyen a los ODS y que son coherentes con los principios internacionales de eficacia del desarrollo.
Ejemplos de criterios clave
- Los actores del sector privado han de respetar explícitamente los instrumentos clave de conducta empresarial responsable.
- Los actores del sector privado han de tener implantada una política de divulgación de información.
- Los programas tienen que incluir un análisis del riesgo socioeconómico y medioambiental que indique los mecanismos existentes de identificación, mitigación y prevención de riesgos, incluidos los mecanismos de reclamación (procedimiento de diligencia debida).
- Los programas tienen que contribuir a impulsar un diálogo social que acompañe a la realización de la acción.
- La evaluación de los resultados ha de controlar que los ingresos generados a escala nacional benefician al sistema del país en cuestión, incluyendo los impuestos y las contribuciones sociales.
- La evaluación de los resultados ha de controlar que los puestos de trabajo creados son de calidad y sostenibles (en cumplimiento de las normativas laborales internacionales), especialmente en lo referente a la libertad de asociación y la negociación colectiva, salarios justos, protección social y disposiciones en materia de salud y seguridad en el trabajo.
