África azotada por la represión antisindical

En 2007, en África, la represión antisindical ha afectado una vez más a decenas de miles de hombres y mujeres que no piden otra cosa que un trabajo decente y un futuro para sus hijos.

Bruselas, 20 de noviembre de 2008: en 2007, en África, la represión antisindical ha afectado una vez más a decenas de miles de hombres y mujeres que no piden otra cosa que un trabajo decente y un futuro para sus hijos. El último Informe anual de la CSI sobre las violaciones de los derechos sindicales resulta nuevamente preocupante a este respecto. El carácter antidemocrático de numerosos regímenes políticos, la ausencia del estado de derecho, así como una legislación laboral inadecuada han permitido a numerosos gobiernos y empleadores ejercer una presión intolerable sobre los sindicatos y sus miembros. En Guinea, la represión orquestada por el Presidente Lansana Conté y su entorno ha desplegado una brutalidad increíble. Durante la importante movilización social que se apoyaba en una serie de reivindicaciones legítimas, la represión policial ocasionó 129 muertos y 1.700 heridos. Decenas de sindicalistas fueron agredidos y arrestados, mujeres violadas, la Bourse du travail – sede de la central nacional – saqueada. Rabiatou Diallo e Ibrahima Fofana, los dos principales dirigentes de la Intersindical, la agrupación que convocara la huelga, salvaron la vida de milagro.

También en Zimbabwe, aunque desgraciadamente era más de esperar, el despotismo de un solo hombre ha ocasionado un nuevo ciclo de violencia y de violaciones de los derechos sindicales. El Presidente Robert Mugabe continuó mostrándose inflexible hacia los sindicatos. En un país en ruinas, todos los esfuerzos de conciliación de los sindicatos resultaron infructuosos. Estos fracasos obligaron a los sindicatos a emprender numerosas acciones de protesta, todas ellas pacíficas. Pero pese al carácter pacífico de estas movilizaciones, centenares de huelguistas fueron suspendidos y decenas serían despedidos, golpeados o detenidos. El más mínimo intento de llevar a cabo una manifestación ha bastado para desencadenar una represión salvaje, como ocurriera en enero cuando 22 mujeres de mineros fueron arrestadas por haber intentado manifestarse pidiendo un incremento salarial para sus maridos. En el sector de la enseñanza, un dirigente sindical fue amenazado de muerte y otro falleció pocas semanas después de haber sido detenido y torturado. La violencia no se limitó a esos dos países. También en Mozambique, un huelguista fue asesinado por guardias de seguridad en una plantación de caña de azúcar. 

En un contexto de constante deterioro del clima social, ligado al incremento en los precios de los productos y servicios de primera necesidad, las huelgas y otras acciones de protesta por parte de las trabajadoras y los trabajadores africanos muy pocas veces se han saldado con resultados positivos. Muy al contrario, en numerosos países, los empleadores o las autoridades han reprimido sistemáticamente a todos aquellos y aquellas que intentaron reivindicar mejores condiciones. Las lagunas en la legislación laboral han servido a menudo de pretexto a los gobiernos para prohibir acciones de protesta totalmente legítimas. En particular, la interpretación abusiva de lo que se consideran servicios esenciales sirvió para justificar la denegación de permisos para llevar a cabo diversas huelgas y manifestaciones, y para reprimirlas cuando tuvieron lugar. Ha sido concretamente el caso en Sudáfrica, donde las autoridades recurrieron a la represión policial. En Egipto, se realizaron centenares de huelgas y sentadas “ilegales”. En Chad, el gobierno endureció la ley sobre el derecho de huelga a fin de sofocar una huelga general en el sector público. En Marruecos, numerosos activistas fueron detenidos y condenados por “atentar contra los valores sagrados” durante las manifestaciones del 1 de mayo.

Desafiando a las autoridades para defender su causa, muchos trabajadores/as se han expuesto a ser víctimas de la violencia policial y a sanciones injustas. Ha sido particularmente el caso en Burkina Faso, Camerún, la República Democrática del Congo, Guinea-Bissau, Côte d’Ivoire, Mauritania, Namibia, Uganda y Túnez. En ocasiones las medidas antisindicales adquirieron una tremenda amplitud: centenares de despidos durante la huelga más importante de la historia desde el fin del Apartheid en Sudáfrica; 1.000 mineros despedidos por el grupo canadiense Barrick en Tanzania; y hasta 34.000 huelguistas que perdieron sus puestos de trabajo el mismo día por decisión de un gobernador en Nigeria.

En el sector de la prensa, el informe de la CSI da cuenta de una recrudescencia de los actos antisindicales. En Nigeria y Camerún, los empleadores optaron por cortar por lo sano las reivindicaciones de sus trabajadores/as procediendo a numerosos despidos. En Kenya, varios periodistas fueron despedidos por su pertenencia a un sindicato. En la República Democrática del Congo, el ensañamiento contra los sindicalistas fue particularmente virulento tanto en la prensa privada como en la pública. El dirigente sindical de un órgano de prensa privado llegó a temer por su vida y tres periodistas de la radiotelevisión pública fueron detenidos y sufrieron malos tratos. En Túnez, las actividades sindicales de los periodistas se ven considerablemente obstruidas.

Por último, el Informe anual de la CSI subraya que, en muchos países, las libertades sindicales siguen estando enteramente controladas por las autoridades, cuando no resultan totalmente inexistentes. Los sindicatos independientes están fuertemente reprimidos, mantenidos al margen o prohibidos. Es el caso de Swazilandia, Guinea Ecuatorial, Sudán, Eritrea, Etiopía y Djibouti.


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