Un Nuevo Contrato Social

La confianza entre los trabajadores y las trabajadoras, el gobierno y las empresas necesita reactivarse. Únicamente mediante un Nuevo Contrato Social se puede garantizar la prosperidad compartida y revitalizar las comunidades y las economías. Los trabajadores quieren unas Transiciones Justas que les apoyen en su proceso de recualificación hacia economías y empleos verdes que contrarresten la pobreza y la exclusión para fomentar una coexistencia pacífica. El Nuevo Contrato Social estará basado en el respeto de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, empleos decentes respetuosos con el clima, salarios vitales, protección social universal, igualdad entre grupos sociales e inclusión de los trabajadores y las trabajadoras en la toma de decisiones.

Un Nuevo Contrato Social

El reto

El modelo económico mundial ha fallado a los trabajadores. El poder y la codicia de las corporaciones mundiales han cautivado a los gobiernos, que ahora actúan en contra de los derechos y la seguridad de sus propios trabajadores, y en favor de las multinacionales. En las cadenas mundiales de suministro, el 94% de la mano de obra trabaja en condiciones pésimas y sufre explotación debido a complejos contratos comerciales que dificultan la supervisión.

El mundo es más rico que nunca y, sin embargo, al 70% de las personas se les niega la protección social universal, el 84% afirma que el salario mínimo no es suficiente para llevar una vida digna, y el 79% de los países ha permitido que se viole el derecho a la negociación colectiva. Esto es desigualdad deliberada. La codicia corporativa afianza la desigualdad, la exclusión y la desesperación, perpetuando la inestabilidad de nuestras sociedades y de nuestro planeta.

La solución

Un Nuevo Contrato Social garantizaría que se respeten los derechos, que los empleos sean decentes, con salarios mínimos vitales y negociación colectiva, que la protección social sea universal, que la diligencia debida y la responsabilidad impulsen las operaciones empresariales, y que el diálogo social garantice medidas de Transición Justa para el clima y la tecnología.

Rechazamos que los trabajadores sean considerados como un recurso productivo más a explotar. Por ello, el Nuevo Contrato Social consta de seis elementos clave que definen las relaciones sociales en el mundo del trabajo y sitúan la dimensión humana en el núcleo del desarrollo socioeconómico.

Empleo: Los gobiernos deben trabajar por el pleno empleo y el trabajo decente, incluyendo medidas para formalizar el sector de la economía informal e invertir en empleos de calidad, respetuosos con el clima y respaldados por Transiciones Justas.

Derechos: Los gobiernos y los empleadores deben garantizar que las empresas respeten los derechos fundamentales del trabajo recogidos en los convenios y declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular la libertad sindical, la negociación colectiva, la no discriminación y la igualdad de retribución, la abolición del trabajo infantil y el trabajo forzoso, y la salud y seguridad en el trabajo. Estos derechos deben aplicarse a todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral o migratoria.

Salarios justos: Los gobiernos deben garantizar salarios mínimos vitales que permitan a los trabajadores un nivel básico de dignidad, así como una negociación colectiva reforzada a todos los niveles. Deben garantizar la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor, así como transparencia salarial.

Protección social: Los gobiernos deben garantizar unos sistemas de protección social universales, adecuadamente financiados, basados en los derechos y con perspectiva de género, así como servicios públicos básicos como la sanidad, los cuidados y la educación. Una fiscalidad justa es fundamental para financiar estos servicios y para reducir la desigualdad de ingresos.

Igualdad: Los gobiernos deben abordar las desigualdades que existen entre grupos en términos de ingresos, género y raza, a través de una legislación sólida contra la discriminación y de medidas adecuadas para su aplicación. Deben abordarse los prejuicios sexistas en la legislación y en las políticas para garantizar un mundo del trabajo exento de acoso y violencia de género, en consonancia con el C190 de la OIT.

Inclusión: Los gobiernos deben garantizar que todos los procesos sean democráticos y que el diálogo social se integre en todos los debates de política económica para que los trabajadores y las trabajadoras puedan participar en las decisiones que afectan a su vida cotidiana.