El reto
El modelo económico mundial ha fallado a los trabajadores. El poder y la codicia de las corporaciones mundiales han cautivado a los gobiernos, que ahora actúan en contra de los derechos y la seguridad de sus propios trabajadores, y en favor de las multinacionales. En las cadenas mundiales de suministro, el 94% de la mano de obra trabaja en condiciones pésimas y sufre explotación debido a complejos contratos comerciales que dificultan la supervisión.
El mundo es más rico que nunca y, sin embargo, al 70% de las personas se les niega la protección social universal, el 84% afirma que el salario mínimo no es suficiente para llevar una vida digna, y el 79% de los países ha permitido que se viole el derecho a la negociación colectiva. Esto es desigualdad deliberada. La codicia corporativa afianza la desigualdad, la exclusión y la desesperación, perpetuando la inestabilidad de nuestras sociedades y de nuestro planeta.
La solución
Un Nuevo Contrato Social garantizaría que se respeten los derechos, que los empleos sean decentes, con salarios mínimos vitales y negociación colectiva, que la protección social sea universal, que la diligencia debida y la responsabilidad impulsen las operaciones empresariales, y que el diálogo social garantice medidas de Transición Justa para el clima y la tecnología.
Rechazamos que los trabajadores sean considerados como un recurso productivo más a explotar. Por ello, el Nuevo Contrato Social consta de seis elementos clave que definen las relaciones sociales en el mundo del trabajo y sitúan la dimensión humana en el núcleo del desarrollo socioeconómico.
Empleo: Los gobiernos deben trabajar por el pleno empleo y el trabajo decente, incluyendo medidas para formalizar el sector de la economía informal e invertir en empleos de calidad, respetuosos con el clima y respaldados por Transiciones Justas.
Derechos: Los gobiernos y los empleadores deben garantizar que las empresas respeten los derechos fundamentales del trabajo recogidos en los convenios y declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular la libertad sindical, la negociación colectiva, la no discriminación y la igualdad de retribución, la abolición del trabajo infantil y el trabajo forzoso, y la salud y seguridad en el trabajo. Estos derechos deben aplicarse a todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral o migratoria.
Salarios justos: Los gobiernos deben garantizar salarios mínimos vitales que permitan a los trabajadores un nivel básico de dignidad, así como una negociación colectiva reforzada a todos los niveles. Deben garantizar la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor, así como transparencia salarial.
Protección social: Los gobiernos deben garantizar unos sistemas de protección social universales, adecuadamente financiados, basados en los derechos y con perspectiva de género, así como servicios públicos básicos como la sanidad, los cuidados y la educación. Una fiscalidad justa es fundamental para financiar estos servicios y para reducir la desigualdad de ingresos.
Igualdad: Los gobiernos deben abordar las desigualdades que existen entre grupos en términos de ingresos, género y raza, a través de una legislación sólida contra la discriminación y de medidas adecuadas para su aplicación. Deben abordarse los prejuicios sexistas en la legislación y en las políticas para garantizar un mundo del trabajo exento de acoso y violencia de género, en consonancia con el C190 de la OIT.
Inclusión: Los gobiernos deben garantizar que todos los procesos sean democráticos y que el diálogo social se integre en todos los debates de política económica para que los trabajadores y las trabajadoras puedan participar en las decisiones que afectan a su vida cotidiana.