En el período previo a su elaboración, la CSI ya había criticado anteriormente la metodología propuesta para el Índice B-Ready, y que de hecho promoviera una carrera a la baja en materia de derechos laborales, condiciones de trabajo y protección social.
“Mientras los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo se enfrentan a brutales represalias por ejercer su derecho a organizar un sindicato y mejorar sus condiciones de trabajo, resulta profundamente preocupante que el Banco Mundial clasifique a los países de una manera que fomenta la competencia para erosionar las normas del trabajo. No existe ningún procedimiento rápido para la consulta democrática y el diálogo social sobre las prácticas del mercado de trabajo. Las reformas basadas en un análisis tan desequilibrado serán equivocadas en el mejor de los casos y peligrosas en el peor”, afirmó Luc Triangle, Secretario General de la CSI.
“Las políticas laborales no son simples insumos, como las licencias comerciales o las conexiones a servicios públicos, y no pueden clasificarse de la misma manera. Los sindicatos de todo el mundo sostienen que el trabajo no es un tema apropiado para incluirse en el Índice B-Ready y debería retirarse”.
Además, la CSI está en desacuerdo con el proceso de elaboración del Índice. A pesar de las reiteradas peticiones de los sindicatos para colaborar con el Banco en este tema, y en otras iniciativas que tienen importantes implicaciones para los trabajadores, el Banco siguió elaborando el Índice con su fallido tema laboral, ignorando las preocupaciones de los representantes democráticos de los trabajadores y las trabajadoras.
Entre los principales fallos del Índice B-Ready figuran:
- Evaluación superficial de los derechos y libertades fundamentales de los trabajadores: El índice se basa en evaluaciones formales de la legislación laboral, sin tener en cuenta su aplicación práctica o su cumplimiento. Esto permite que países con un historial deficiente en materia de derechos de los trabajadores obtengan puntuaciones elevadas, lo que crea una marcada discrepancia entre las puntuaciones de B-Ready y las condiciones laborales del mundo real medidas por índices como el Índice Global de los Derechos de la CSI (IGD). Filipinas, clasificado entre los 10 peores países para los trabajadores por el IGD, se encuentra entre los 10 primeros en cuanto a puntuación laboral en el Índice B-Ready. Otros de los países con mejores resultados son Indonesia, Hungría, Georgia y Vietnam, todos ellos con un pobre historial en materia de derechos de los trabajadores. El Índice no evalúa adecuadamente si los derechos fundamentales se hacen cumplir realmente o si son ejercidos por los trabajadores, lo que socava su credibilidad e incentiva las reformas vacuas.
- Socavar la protección social: Al penalizar los sistemas de protección social basados en las cotizaciones, el Índice B-Ready promueve un cambio poco realista y potencialmente perjudicial hacia sistemas financiados con impuestos. Este enfoque ignora los modelos mixtos utilizados con éxito en muchos países y podría ampliar las brechas de protección social, especialmente en los países de bajos ingresos.
- Erosión del diálogo social y fomento de una flexibilidad perjudicial: El enfoque prescriptivo del Índice respecto a la normativa laboral, incluida la promoción de contratos temporales ilimitados y salarios inadecuados, socava el papel crucial de la negociación colectiva y de las negociaciones tripartitas en la configuración de políticas laborales justas. Su interés por reducir las “cargas reglamentarias” para las empresas conduce a menudo a políticas que aumentan la precariedad laboral, debilitan la seguridad del empleo y obstaculizan la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras para organizarse y negociar colectivamente. Con este enfoque se corre el riesgo de crear una carrera a la baja en las normas del trabajo, lo que contradice el objetivo del desarrollo inclusivo.
El Índice B-Ready es una versión renovada del anteriormente desacreditado Informe Doing Business del Banco Mundial, que dejó de publicarse en 2020 a raíz de graves fallos metodológicos y de datos y de las críticas generalizadas de académicos, sindicatos y de la sociedad civil.