Turquía: nuevo informe de la CSI pone de relieve el incumplimiento del Gobierno de su obligación de proteger a los trabajadores

Un nuevo informe de la CSI publicado hoy critica duramente el incumplimiento del Gobierno de Turquía de su obligación de proteger a las trabajadoras y los trabajadores de la explotación y la intimidación por parte de empleadores del sector privado y las autoridades estatales.

La debilidad y mala aplicación de la legislación laboral, así como el hecho de que los tribunales muestran un acusado sesgo a favor de los empleadores, deja a la mano de obra del país sin protección contra la discriminación y, esencialmente, en la imposibilidad de negociar colectivamente salarios y condiciones decentes.

“Turquía tiene un historial desastroso en materia de derechos laborales, y la lista de las víctimas de acoso antisindical por parte del Gobierno y los empresarios sigue alargándose”, afirmó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

Las importantes restricciones que pesan sobre el derecho a organizar sindicatos, la manipulación de las autoridades públicas de las cifras de afiliación sindical y la práctica común de amenazas e intimidación para impedir que los trabajadores se unan y formen sindicatos hace que sólo el 5,4% de los trabajadores y trabajadoras estén cubiertos por convenios colectivos. La práctica que desde hace mucho tiempo consiste en hostigar judicialmente a todos aquellos que estén a favor de los sindicatos, continúa, con el arresto de otras 15 mujeres sindicalistas, y su mantenimiento en detención, la semana pasada, al tiempo que su oficina sindical fue allanada por la policía. Muchos otros sindicalistas siguen en la cárcel, y las manifestaciones pacíficas de los sindicatos suelen ser reprimidas con violencia por parte de las autoridades.

El informe, presentado hoy para la revisión de las políticas comerciales de Turquía por parte de la Organización Mundial del Comercio, también concluye que las mujeres se concentran en los sectores de trabajo intensivo, la agricultura y las actividades informales del país, los cuales no ofrecen poca, o ninguna, seguridad, ingresos y protección social. Las mujeres tienen que enfrentarse a una brecha salarial de género considerable, y sólo una de cada cuatro mujeres participa en la mano de obra formal.

El trabajo infantil sigue siendo un problema grave. A pesar de que el 41% de los niños y niñas que trabajan lo hacen en las granjas, el empleo en la agricultura no se rige por el Código del Trabajo, sino por un "Código de las obligaciones", que no proporciona protección adecuada. En las ciudades, muchos niños trabajan en la calle. Un gran número de estos niños y niñas que trabajan en la calle a menudo son víctimas de la trata de personas, son obligados a practicar la mendicidad, el tráfico de drogas, la delincuencia y otras de las peores formas de trabajo infantil.

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