Bruselas, 20 de noviembre de 2008: Oriente Medio sigue siendo una región sumamente hostil al ejercicio de los derechos sindicales, y el caso de Irán es objeto de una preocupación particular dada la severidad y generalización de la represión sindical en aquel país. Pese a ciertos progresos legislativos en varios países de la región, numerosos trabajadores/as siguen viviendo bajo la amenaza de arresto, despido, cárcel o incluso de actos de violencia. Muchos trabajadores migrantes son privados de sus derechos más elementales, especialmente aquellos empleados en el servicio doméstico, que siguen siendo muchas veces víctimas de condiciones terribles de vida y de trabajo.
A lo largo de los últimos ocho años varios países –Bahrein, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Yemen y los Emiratos Árabes Unidos– han adoptado una legislación laboral, pero que generalmente se caracteriza por importantes carencias. En Arabia Saudita y Qatar los nuevos códigos laborales garantizan unos derechos sindicales muy limitados. Como punto positivo, en Omán se han reconocido los sindicatos, así como el derecho de huelga y negociación colectiva, aunque todavía se impongan ciertas restricciones.
La concesión de derechos sindicales muchas veces no es sino una fachada, puesto que los gobiernos siguen manteniendo un estricto control sobre la sindicalización. Es por ejemplo el caso de Bahrein, Jordania, Kuwait, Líbano y Qatar, En Jordania, antes de organizar una huelga es preciso obtener el permiso del gobierno. En Líbano los trabajadores/as carecen de protección frente a la discriminación antisindical. En Siria los funcionarios civiles que obstaculicen los servicios públicos pueden ser condenados a trabajos forzosos. Otra forma de control es imponer un sindicato único, generalmente sometido a la jurisdicción del gobierno, como es el caso en Bahrein, Jordania, Kuwait, Qatar y Siria.
La mayoría de los países en la región, particularmente Bahrein, Israel, Kuwait, Jordania, Líbano, Omán, Qatar, Siria, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, dependen de la mano de obra migrante para el funcionamiento de sus economías. Pero esos migrantes viven y trabajan en condiciones extremadamente difíciles y sufren cruelmente de una falta de protección legal. El informe revela por ejemplo las condiciones de vida infrahumanas que deben soportar los trabajadores/as alojados en campamentos en Kuwait. En Qatar las condiciones impuestas en el sector de la construcción han costado la vida a varios trabajadores extranjeros. En Omán, la policía dispersó violentamente una huelga de trabajadores indios y nepalíes que protestaban por el impago de salarios y muchos de ellos serían deportados. En los Emiratos Árabes Unidos, el informe revela otros casos de deportación de trabajadores asiáticos que habían tenido la “audacia” de reclamar unos salarios más elevados. Particularmente poco considerados, los empleados/as del servicio doméstico sufren una explotación extrema. En Arabia Saudita, cuatro empleadas del servicio doméstico de origen indonesio recibieron tal paliza de su empleador que dos de ellas fallecieron y la policía sacó a las otras dos a la fuerza del hospital. El Informe de la CSI constata asimismo como nota positiva que Jordania y Kuwait han establecido un contrato laboral estándar para los empleados domésticos no nacionales.
La región ha estado marcada también por conflictos políticos que han tenido cierto impacto sobre los derechos sindicales y de los trabajadores. En Líbano, el llamamiento de la Confederación General del Trabajo del Líbano a una huelga general para protestar contra el programa de reformas económicas propuesto por el gobierno del país, fue aprovechado por la oposición, con Hezbollah a la cabeza. En Palestina, se intentó asesinar a un dirigente de la federación sindical PGFTU y sus oficinas fueron bombardeadas. En Israel, donde al parecer gran número de empleadores violan las leyes laborales, los trabajadores/as palestinos que llegan al país en busca de trabajo son muchas veces víctimas de discriminación.
En Iraq los sindicatos se han convertido en blanco de las milicias y de grupos terroristas. Hassan Hamza, Presidente del Sindicato de Trabajadores de Hostelería y Turismo fue brutalmente asesinado tras recibir varias amenazas de muerte por parte de extremistas islámicos sunníes, y tropas del ejército saquearon las oficinas de la Federación General de Trabajadores Iraquíes. Najim Abd-Jasem, Secretario General del sindicato de mecánicos fue secuestrado y torturado hasta la muerte.
Irán sigue siendo el país de la región donde la represión ejercida contra los sindicalistas es mayor, y el Informe registra al menos 40 sindicalistas que han terminado entre rejas en 2007. El gobierno mantiene un estricto control sobre la actividad sindical, reprimiendo duramente a los activistas. Los sindicatos de docentes se convirtieron en blanco particular de la represión del gobierno. Mahmoud Salehi, del Comité de coordinación para la creación de organizaciones de trabajadores, fue encarcelado acusado de "conspiración". Mansour Osanloo, líder del sindicato de conductores de la compañía de autobuses de Teherán y suburbios, fue secuestrado, mantenido en confinamiento solitario y víctima de malos tratos. Su familia ha sido igualmente acosada. En el momento de publicarse el Informe, esta figura destacada del movimiento sindical continúa detenida y no puede recibir visitas de su abogado o de su familia, a pesar de su preocupante estado de salud.
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