Bruselas, 25 de Septiembre de 2008: El sector azucarero en el Departamento del Valle del Cauca vive una situación difícil, como consecuencia del paro de 10.000 trabajadores/as vinculados a esta actividad por intermedio de Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), que ya lleva una semana de duración sin que se vislumbre un cambio de actitud de los empresarios o del Gobierno.
Se realizaron varias movilizaciones y gestiones con la dirección de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (ASOCAÑA) y el Gobierno para lograr un acuerdo y evitar la realización del paro pero no fueron suficientes. El 5 de septiembre, más de 5000 trabajadores/as intentaron dialogar con el Presidente Álvaro Uribe a su arribo en la ciudad de Cali, pero Uribe no los quiso ni atender.. El impacto político, económico y social de este desastre es casi sin precedentes.
Por su parte, Asocaña, pagó propagandas de radio y televisión invitando a la población a no participar del cese de actividades, violando de este modo el derecho de asociación y de sindicalización. El 15 de septiembre, más de cien trabajadores resultaron heridos por la agresión violenta de la Fuerza Pública, Escuadrón Móvil Antidisturbios de Policía nacional y la Vigilancia Privada de los ingenieros azucareros.
Uno de los mayores problemas en este conflicto, es la negativa de los empresarios de la caña de azúcar, subsidiados por el gobierno colombiano, de reconocer las mínimas garantías laborales de los trabajadores/as del sector que de acuerdo a ley debería tener cualquier trabajador colombiano: Contratación directa y estabilidad laboral, reconocimiento y pago de los días por incapacidad, auxilios para educación y vivienda, vacaciones, mecanismos claros y justos para medir el peso de la caña, compensación salarial en vista de las extenuantes jornadas de trabajo y las duras condiciones en que se prestan, entre otras.
En una carta enviada a las autoridades colombianas, la CSI pide al Presidente Álvaro Uribe que haga lo que esté a su alcance a fin de que los organismos de control del estado, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del pueblo tomen las medidas necesarias, cuanto antes, para investigar, encontrar y juzgar los responsables de las agresiones contra los trabajadores/as y que el Ministerio del Trabajo y Asocaña respeten los derechos laborales de los trabajadores/as.
“El gobierno Colombiano tiene que cumplir con su deber constitucional de defender, proteger y promover los derechos de los trabajadores” dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI, “la situación que viven los corteros de caña es intolerable y exige una solución inmediata”.
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