Una referencia para los sindicatos, la Declaración dispone que:
Artículo 23
(1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
(2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
(3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
(4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Desgraciadamente, el derecho fundamental a afiliarse a un sindicato de elección propia se ha visto considerablemente amenazado en todo el mundo a lo largo de 2013.
Lo más sorprendente ha sido la decisión tomada a principios de este año por el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon de retirar a los sindicatos del personal de la ONU el derecho a negociar colectivamente. La ONU – la institución encargada de promover los derechos humanos en todo el mundo – ha decidido dar la espalda a uno de los derechos fundamentales consagrados por su propio organismo especializado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El personal de la ONU ocupa con frecuencia puestos difíciles y peligrosos por todo el mundo, y la pérdida de una voz colectiva en la mesa de negociaciones podría tener repercusiones significativas.
En Europa, los Estados miembros han tratado de reducir drásticamente los costos laborales eviscerando las leyes nacionales relativas a la libertad sindical y a la negociación colectiva, frutos de décadas de lucha y diálogo social. Esto ha dado lugar a un desplome estrepitoso de la cobertura de la negociación colectiva, y por supuesto de los salarios. Pero al final estas medidas tampoco han generado mejoras en las economías, y el desempleo sigue siendo muy elevado. En algunos casos, estas reformas han sido consecuencia directa de las condiciones de concesión de préstamos impuestas por la “troika”, compuesta por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Diversos organismos internacionales y regionales, como la OIT y el Comité Europeo de Derechos Sociales, han confirmado reiteradamente que estas medidas violan una serie de derechos laborales fundamentales. Pese a las constantes presiones internacionales, la situación relativa a los derechos sindicales ha empeorado en Belarús. Como cabía esperar, el 25 de noviembre la Unión Europea prorrogó por otro año las sanciones impuestas contra Belarús.
En Corea, la Presidenta Park, en sus pocos meses de mandato, ha atacado al movimiento sindical coreano anulando el registro del principal sindicato de docentes, el Korean Teachers and Education Workers Union, y volviéndose a negar a registrar el sindicato de funcionarios del Gobierno, el Korean Government Employees Union. El Gobierno confiscó los ordenadores de dicho sindicato por motivos especiosos, y ha anunciado asimismo que tomará medidas sumamente severas contra el sindicato de trabajadores del sector ferroviario, el Korean Railway Workers Union (KRWU), a menos que desista de sus planes de convocar una huelga contra la privatización del transporte ferroviario. La violencia que afrontan los sindicalistas ha vuelto a convertirse en un grave problema en Filipinas, donde tres sindicalistas fueron asesinados en 2013. Fiji, que aprobó recientemente una Constitución que otorga inmunidad absoluta al Gobierno militar, sigue desafiando a la comunidad internacional al negarse a permitir que la OIT lleve a cabo una investigación sobre las violaciones generalizadas que se cometen contra el derecho a la libertad sindical.
La CSI organizó en septiembre una Encuesta Mundial de Expertos en Swazilandia para recabar testimonios de los propios trabajadores sobre las condiciones de trabajo en el país. La policía detuvo a varios panelistas y líderes sindicales (entre ellos Jay Naidoo) y suspendió el evento. A lo largo del año los sindicalistas de Swazilandia han sido objeto de amenazas y arrestos.
En Guatemala, el país más peligroso del mundo para ser sindicalista hoy en día, las fuertes presiones por parte del movimiento sindical internacional, la OIT y el Gobierno de EE.UU. ha obligado al Gobierno a aprobar una serie de planes de acción enfocados a abordar las violaciones generalizadas de los derechos de los trabajadores/as. No obstante, si bien se han asumido algunos compromisos, en la práctica apenas se han podido constatar mejoras. Los trabajadores siguen enfrentándose a graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo amenazas de muerte y asesinatos. Igualmente, los planes de acción adoptados por Colombia, inclusive con EE.UU., han permitido que se apliquen ciertos cambios a la legislación, pero se siguen produciendo graves violaciones, inclusive asesinatos, a un ritmo acelerado.
A día de hoy, 21 millones de personas trabajan en condiciones de trabajo forzoso – la cifra más alta jamás alcanzada. Es preciso que se aborde con carácter de urgencia la lacra de la esclavitud moderna por medio de nuevas normativas internacionales vinculantes que restablezcan la protección de los trabajadores y trabajadoras. La kafala, el sistema de contratación de trabajadores migrantes que está en vigor en los países del Golfo, es la causa de la explotación laboral forzosa de muchos de los aproximadamente 1,5 millones de trabajadores migrantes que se encuentran en Qatar. A pesar de haberse convertido en foco de atención internacional, el Gobierno de Qatar todavía tiene pendientes numerosas reformas legales y prácticas, imprescindibles para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores– entre ellas, levantar la prohibición que impide a los trabajadores migrantes organizar o afiliarse a un sindicato.
