Primer plano de Irakli Petriashvili (GTUC- Georgia)

“El código laboral sólo satisface los intereses del Gobierno y de los oligarcas”

Un código laboral ultraliberal y los ataques frecuentes por parte de las autoridades han hecho que el sindicato georgiano más importante, la GTUC (1), pierda más de 100.000 miembros. Su presidente, Irakli Petriashvili, analiza las discriminaciones de las que son víctimas los sindicatos georgianos y las consecuencias de la supresión de la inspección del trabajo.

El código laboral ultraliberal adoptado por Georgia en 2006 es constantemente denunciado por los sindicatos a escala nacional e internacional. ¿Cuáles son los puntos más problemáticos?

Este código laboral es de por sí discriminatorio, se limita a definir una serie de obligaciones para los trabajadores y a acordar derechos a los empleadores. De código laboral no tiene más que el nombre, puesto que viola las normas internacionales de la OIT, la Carta Social Europea y otros acuerdos de la Unión Europea, como el acuerdo comercial SPG+ (2), etc.

Hay dos artículos en este código laboral que favorecen la discriminación, y sobre todo la discriminación antisindical. Según el artículo 5(8), un empleador no está obligado a explicar las razones por las que decide no dar a un candidato un determinado puesto de trabajo. La negativa puede por tanto estar fundada en una afiliación sindical, ya que en el formulario de candidatura algunos empleadores preguntan si el candidato pertenece a un sindicato o bien cuál es su opinión sobre los sindicatos. La discriminación también puede estar basada en una afiliación política, en el género, etc.

El artículo 37(d) permite a un empleador despedir a un trabajador sin justificar el despido, es decir que otorga al empleador un poder ilimitado para despedir a un trabajador en cualquier momento y sin previo aviso. La Constitución georgiana estipula que todas las formas de discriminación son punibles, pero como este artículo ofrece al empleador la posibilidad de disimular la verdadera razón del despido de un trabajador, resulta imposible demostrar la discriminación. El empleador podrá despedir a una persona por el hecho de que sea miembro de un sindicato, pero también si ésta se niega a mantener relaciones sexuales con él, por pertenecer a otra religión, a una minoría étnica, por tener una opinión política distinta, ...

El código laboral limita también el pago de las horas suplementarias y la pertinencia de las negociaciones colectivas. Tenemos la posibilidad de negociar colectivamente, pero un empleador tiene derecho a concluir un convenio colectivo con un mínimo de dos trabajadores, lo que quiere decir que puede ignorar las exigencias de miles de trabajadores, ¡que un convenio colectivo firmado con dos trabajadores tiene el mismo valor que un convenio firmado con la mayoría de los trabajadores!

¿Han perdido ustedes muchos miembros por motivo de este código laboral?

En estos momentos contamos con 219.000 miembros, y hemos perdido más de 100.000 por culpa del código laboral introducido en 2006. La mayoría de las deserciones no se produjeron justo después de la aprobación del código, sino a medida que los empleadores utilizaban las ventajas que éste les confiere, a medida que nosotros llevábamos a cabo actividades sindicales en defensa de los trabajadores. También perdimos una gran parte de nuestros miembros como consecuencia de las actividades antisindicales del Gobierno – éste no se contentó con elaborar un código laboral hecho a medida para los empleadores (elaboración en la cual ni los sindicatos ni la sociedad civil en general participaron) sino que utiliza también métodos ilegales para luchar contra los sindicatos, obliga a nuestros miembros a escribir cartas de desafiliación, de lo contrario pierden su empleo. Del 8 al 12 de agosto de 2011 por ejemplo, en tres regiones de Georgia, más de 2.400 funcionarios, miembros de sindicatos, fueron obligados a escribir una carta de desafiliación. Las autoridades locales (administraciones, ayuntamientos, consejos municipales) los contactaron durante sus vacaciones y explicaron a los miembros que habían recibido instrucciones por parte de altas esferas del poder, así como de las fuerzas del orden, según las cuales en esta región no podía existir ningún sindicato, y que si se negaban a desafiliarse serían fácilmente despedidos. La formulación de cada una de las cartas de desafiliación era idéntica.

Una segunda manera de atacar a los sindicatos es suprimir el sistema de retención en nómina de las cotizaciones sindicales. En las tres regiones donde los funcionarios fueron objeto de presiones en agosto, dicho sistema fue suprimido al 100% para los sindicatos de docentes y los de trabajadores del ferrocarril, y parcialmente en los sindicatos de la agricultura, el sector público y los trabajadores del sector médico. La mayoría de los miembros que perdimos no escribieron una carta de desafiliación: son trabajadores que se quedaron sin la posibilidad de pagar su cotización porque el sistema de retención en nómina había sido suprimido.

¿Cuál es el último caso de violación antisindical grave?

El 1 de agosto de 2011 se estableció un sindicato en la fábrica siderúrgica Hercules, en Kutaisi. El 11 de agosto, en lugar de las negociaciones que solicitábamos, la dirección despidió a seis representantes electos, y como manteníamos nuestra voluntad de ser reconocidos, del 11 al 13 de agosto otros activistas sindicales fueron igualmente despedidos, sumando un total de 17 sindicalistas despedidos. El 2 de septiembre tuvo lugar una huelga de advertencia, y después, el 13 de septiembre, se llevó a cabo una huelga total, cuya reivindicación principal fue la reintegración incondicional de los trabajadores despedidos por motivo de su afiliación sindical. El 15 de septiembre más de 200 policías arremetieron contra los huelguistas pacíficos. Esta huelga había sido no obstante organizada respetando todas las obligaciones legales impuestas por el código laboral, que es muy estricto. Una cuarentena de trabajadores huelguistas fueron arrestados durante cuatro horas. Antes de su liberación fueron obligados a firmar una declaración según la cual se comprometían a no volver a participar jamás en una manifestación ni en una huelga. Por la noche, la dirección de la fábrica y la policía llamaron a una serie de trabajadores para amenazarlos y decirles que o retomaran el trabajo o serían castigados y detenidos. ¡Al día siguiente varios trabajadores fueron llevados a la fábrica en un vehículo de la policía! El 18 de septiembre, tres participantes muy activos de la huelga, que habían venido a prestar declaración ante nuestros abogados sobre lo que había sucedido (con vistas a una acción judicial contra la actuación ilegal de la policía), fueron arrestados de forma administrativa durante 10 días.

¿Qué imagen tiene la población y los medios de comunicación georgianos de los sindicatos?

Todas las cadenas nacionales de televisión están controladas por el Gobierno, a excepción de una en la que tenemos más posibilidades de expresarnos. Los medios de comunicación escritos y radiofónicos son más libres.

Según una encuesta de USAID, la confianza de la población en los sindicatos asciende a un 27%. Es un buen nivel dado que el sindicalismo de tipo soviético estaba totalmente desacreditado y que, desde nuestra independencia (ndlr: en 1991) hasta 2005, los sindicatos no habían recuperado ningún crédito. De manera que nos sentimos satisfechos de haber recuperado la confianza del 27% de la población, a pesar de las presiones del Gobierno. Cada vez son más georgianos los que nos perciben como una organización formada por personas honestas que intenta sacar a la luz los problemas, resolverlos, ayudar a la gente normal a hacer respetar sus derechos individuales o colectivos.

Georgia es uno de los pocos países del mundo desprovistos de inspección del trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias de eso?

El Gobierno estimó que la inspección del trabajo estaba corrupta y que no podía cumplir con sus obligaciones. En lugar de mejorarla, decidió suprimirla con la entrada en vigor del nuevo código laboral en 2006. Esta decisión tiene consecuencias para la salud y la seguridad en el trabajo. Los accidentes mortales relacionados con el trabajo han aumentado en un 150% desde 2006 hasta el día de hoy, y eso que antes de 2006 había más fábricas activas. Está claro que este Gobierno no tiene interés alguno en la regulación del trabajo, que sólo satisface los intereses de los oligarcas.

El 22 de enero de 2011 una explosión en una mina de carbón de Tkibuli provocó la muerte de un minero y dejó a varios heridos graves. Se había dado parte de una concentración de gas metano superior a 6%, pero la dirección obligó a los mineros a bajar a la mina. ¿La situación ha mejorado?

En febrero de 2011 se organizaron tres días de huelga. Como todas las operaciones habían sido suspendidas, el empleador se vio obligado a negociar. Se firmó un acuerdo, el sindicato fue reconocido, obtuvimos un aumento salarial, indumentaria de trabajo más adecuada, mejores normas de seguridad, transporte para los trabajadores, duchas, etc. Las cuestiones de salud y seguridad se discuten a presente en el diálogo social. La dirección no podrá volver a obligar a los trabajadores a bajar a la mina si hubiera un peligro concreto. Lo mismo sucede en la otra mina de Georgia.

¿Solicitan ustedes sanciones económicas, una supresión del SPG+(2) para forzar al Gobierno georgiano a revisar su código laboral ?

Solicitamos que se lleve a cabo una investigación sobre el respeto por parte del Gobierno georgiano de todas sus obligaciones en el marco del SPG+. Nuestra intención no es obtener una supresión del SPG+ para Georgia sino que los derechos de los ciudadanos, y en particular de los trabajadores, estén garantizados y sean respetados. Deseamos por tanto una investigación, y si no se realiza una adaptación del código laboral a corto plazo, que se impongan sanciones adecuadas.

Un informe de la Comisión Europea concerniente a la aplicación en 2007 de la Política Europea de Vecindad ya había advertido al Gobierno georgiano que tenía que revisar su código laboral si quería seguir beneficiándose en 2009 de las ventajas comerciales vinculadas al SPG+...

A diferencia de los sindicalistas, ¡los políticos mienten con mucha frecuencia!

¿Recibe usted amenazas en alguna ocasión?

Todos los dirigentes sindicales las reciben, uno termina por acostumbrarse. Se trata de discriminaciones, amenazas de cárcel, advertencias del tipo “usted podría acabar mal”. Provienen de “amables consejeros”, intermediaros que transmiten el mensaje de parte de la gente del Gobierno. Pueden encontrar razones para detenerle a uno, para encarcelarlo. Hay mucha gente que no tiene nada que ver con las drogas, la prostitución o la corrupción, pero que terminan encontrándose en prisión por razones de esta índole. Es un escenario de intimidaciones, de chantajes y de represión respecto a mi persona y contra los miembros de mi sindicato, de escucha de nuestras conversaciones por los servicios de seguridad, de vigilancia de nuestros movimientos, etc.

¿Qué es lo que le motiva a continuar en semejante escenario?

Una de mis fuentes de energía se sitúa en mis amigos, que esperan que yo proteja sus derechos; en aquellos trabajadores que participan en nuestras acciones; en el apoyo recibido a nivel internacional. Pero mi mayor inspiración es el amor de mi país. Estoy convencido de que a Georgia le hace falta lo que yo hago. En un país expuesto a amenazas externas, si la sociedad civil no participa muy de cerca en las tomas de decisiones, si una persona muy destacada, un presidente, dicta sus preferencias a todos los demás, hay un riesgo considerable de que el país pierda su soberanía. Pero la locomotora, el cerebro de la sociedad civil reside en el movimiento sindical.

Entrevista realizada por Samuel Grumiau

(1) Georgian Trade Union Confederation – GTUC

(2) El sistema de preferencias generalizadas permite el acceso al mercado comunitario europeo con exención total o parcial de los derechos de aduanas a las exportaciones de productos manufacturados y de determinados productos agrícolas procedentes de los países en vías de desarrollo. El SPG+ proporciona incentivos especiales a los países que han ratificado y aplican determinados convenios internacionales, en particular los relativos a los derechos vinculados al trabajo.

Nota: El 7 de octubre de 2011, durante la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, Irakli Petriashvili recibió de la parte de Agnes Jongerius, Presidenta del sindicato holandés FNV, el Premio Elisabeth Velasquez de la defensa de los derechos sindicales para el año 2011 (Vakbondsrechtenprijs 2011).

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