India: El gobierno apoya a un empleador para encubrir abusos cometidos contra los derechos de los trabajadores

La CSI ha criticado los intentos del gobierno de la India y del tribunal de Bangalore por encubrir graves violaciones de los derechos de los trabajadores cometidas en esa ciudad india por la empresa Fibre & Fabrics International (FFI) (...)

Bruselas, 9 de noviembre de 2007: La CSI ha criticado los intentos del gobierno de la India y del tribunal de Bangalore por encubrir graves violaciones de los derechos de los trabajadores cometidas en esa ciudad india por la empresa Fibre & Fabrics International (FFI) y su filial Jeans Knits Pvt. Ltd. Diversas agrupaciones locales defensoras de los derechos de los trabajadores, respaldadas por la Campaña Ropa Limpia (Clean Clothes Campaign - CCC) y por el Comité de los Países Bajos para la India (India Committee of the Netherlands - ICN) fueron los primeros en dar a conocer esas violaciones de derechos, en 2005. A raíz de ese hecho, la empresa –que provee tejanos (jeans) a la empresa holandesa G-Star y a otros importadores neerlandeses- entabló juicio en el tribunal de Bangalore para impedir que esas agrupaciones locales, la Campaña Ropa Limpia y el Comité de los Países Bajos difundieran las violaciones de derechos cometidas.

La Campaña Ropa Limpia presentó luego la cuestión a consideración dentro del marco de los procedimientos de las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales, haciendo hincapié en que bajo un régimen que los acalla, los sindicatos locales no pueden funcionar libremente y en que las empresas que hacen negocios con FFI no pueden estar aplicando ninguna forma confiable de programa sobre responsabilidad social de las empresas. La empresa entabló juicio a la Campaña Ropa Limpia, el Comité de los Países Bajos para la India, el proveedor de Internet Antenna y el proveedor de ADSL (Línea de abonado digital asimétrica) Xs4ALL, acusándolos de delito cibernético, difamación, racismo y xenofobia. Negándose a aceptar que los representara un abogado pero una persona viajando a India para aparecer en persona, el tribunal se pronunció contra las cuatro organizaciones y siete personas físicas. Se prevé que en una audiencia a llevarse a cabo el 20 de noviembre el tribunal determine si emitirá o no mandatos internacionales de arresto contra los defensores de los derechos de los trabajadores.

En el informe inicial que hicieron la Campaña Ropa Limpia y el Comité de los Países Bajos para la India, basado en entrevistas mantenidas con trabajadores de las distintas secciones de los operativos de la empresa, se daban a conocer abusos físicos y verbales contra la fuerza laboral, condiciones de trabajo peligrosas, falta de adecuados contratos de trabajo, largas jornadas laborales y falta de un pago adecuado de las horas extraordinarias. La Campaña Ropa Limpia y el Comité de los Países Bajos para la India reconocieron que la dirección de la empresa había hecho algunas mejoras luego de que se hiciera público el informe pero afirmaron que sigue habiendo graves problemas. Le pidieron a la empresa participar en el proceso de diálogo con el sindicato local GATWU y los mediadores independientes pero la empresa decidió en cambio seguir adelante con el juicio.

“Lo único que han hecho esas personas es procurar decir la verdad sobre la gravísima explotación de que se hace objeto a los trabajadores y trabajadoras de la empresa FFI,” dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI. “En lugar de apoyar la decisión del empleador de utilisar el tribunal local para atentar contra los derechos de los trabajadores mediante un juicio penal que comporta la posibilidad de que se pronuncien sentencias de hasta dos años de reclusión, el gobierno de la India debería defender a sus propios ciudadanos y no dejarlos a merced de patronales inescrupulosas”, agregó.

Según tiene entendido la CSI, el Ministerio de Comercio de la India ahora ha llevado el ataque contra la Campaña Ropa Limpia y el Comité de los Países Bajos ante el gobierno neerlandés, otros gobiernos europeos y la Comisión Europea, argumentando que la publicidad en torno a este caso y a otros casos similares es una “barrera no arancelaria” para el comercio. En los últimos años, la India se ha negado sistemáticamente a permitir que se discutan en la OMC las violaciones de las normas del trabajo.

“Acciones de este tipo no pueden sino perjudicar la reputación de la India como país donde las empresas internacionales pueden hacer negocios con confianza. Instamos a ese país a poner término a este inaceptable ataque contra la libertad de expresión y los derechos fundamentales de los trabajadores”, dijo Ryder.


La CSI, fundada el 1 de noviembre de 2006, representa a 168 millones de trabajadores de 153 países y territorios y cuenta con 305 afiliadas nacionales.

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