Por lo general las autoridades no logran llevar ante la justicia a los asesinos ni a las personas que ordenan perpetrar los asesinatos.
El informe indica también un uso frecuente de prácticas antisindicales por parte de los empleadores y las autoridades estatales, como por ejemplo impedir la celebración de elecciones sindicales, establecer sindicatos amarillos y denegar la regularización de los trabajadores. El reemplazo de contratos laborales a largo plazo por mano de obra subcontratada restringe la afiliación sindical y el poder de negociación. En las Zonas Económicas Especiales (ZEE) las fuerzas de seguridad impiden la sindicalización, y los trabajadores que quieren organizarse se arriesgan a ser despedidos y a que sus nombres sean incluidos en listas negras.
El informe de la CSI señala también un escaso cumplimiento de otras normas internacionales del trabajo, sobre todo las que prohíben el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Las cifras oscilan entre dos y cinco millones de niños que trabajan, y muchos niños están explotados en las peores formas de trabajo infantil. Por otra parte, muchas mujeres y niñas son obligadas a convertirse en sirvientas del hogar y a prostituirse, y muchos hombres son coaccionados a entrar en el peonaje por deudas en la agricultura y la pesca. El Gobierno está haciendo ciertos esfuerzos por eliminar el trabajo infantil, la trata de personas y el trabajo forzoso, pero determinadas fuerzas policiales son cómplices de estas actividades ilegales.
