El nuevo sistema otorga al Gobierno el poder para establecer unilateralmente el salario mínimo, excluyendo del proceso a los sindicatos. Los diversos informes que ha recibido la CSI indican que 23 manifestantes han sido arrestados cuando aproximadamente 20.000 personas se habían congregado en Yakarta para expresar su oposición a la iniciativa del Gobierno.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, ha dicho: “Las autoridades deberían liberar de inmediato a los trabajadores arrestados y respetar su derecho a organizar una concentración pacífica para protestar contra una decisión gubernamental que va a provocar daños a gran escala en todo el país. Los trabajadores y trabajadoras de Indonesia ya están sufriendo por la deteriorada situación económica, y ahora el Gobierno, a instancias de poderosos intereses empresariales nacionales e internacionales, decide además controlar los sueldos. Esto va a reducir el poder adquisitivo de los hogares, perjudicando a las familias y disminuyendo también la demanda económica”.

“En lugar de basar el salario mínimo en el coste de vida actual, como se ha venido haciendo en el pasado, a partir de ahora el cálculo se basará en una formula de inflación/PIB que no reflejará adecuadamente los costes reales que los trabajadores y sus familias están teniendo que asumir. Solicitamos al Gobierno que entable un diálogo sincero con los sindicatos de Indonesia para garantizar un sistema justo en lugar de un sistema que no hará sino acrecentar las desigualdades”.

Un decreto emitido por el Gobernador de Yakarta, con arreglo al cual se imponen restricciones respecto a la ubicación de las manifestaciones, ha sido criticado hoy por periodistas indonesios, entre otros, como una limitación innecesaria y un retroceso para la democracia y la libertad de expresión.

“Indonesia debería defender y mantener la libertad de expresión y de asamblea, piedras angulares de la democracia, y abstenerse de aplicar restricciones innecesarias y autoritarias a estos derechos”, concluye Burrow.