La CSI denuncia amenazas e intimidación en las centrales azucareras de Fiji

La semana pasada, el Fiji Sugar and General Workers’ Union (FSGWU) presentó un aviso legal para celebrar una votación secreta a fin de autorizar una huelga en las centrales azucareras del país.

El sindicato decidió que no le quedaba otra opción, puesto que la Fiji Sugar Corporation (FSC), la entidad pública propietaria y gestora de las centrales azucareras, se ha negado en redondo a negociar con el sindicato, ha violado sistemáticamente la legislación laboral y ha hecho caso omiso de previos convenios colectivos. Los trabajadores de las azucareras llevan siete años sin recibir un aumento de sueldo y muchos de ellos viven en la pobreza. Después de que el sindicato presentara el aviso, la FSC anunció un incremento salarial simbólico que no permite abordar ni de lejos la disminución de más del 40% en los salarios reales para los trabajadores de las centrales azucareras a lo largo de los últimos siete años.

La dirección de la FSC ha celebrado reuniones en todas las estaciones de trabajo a fin de intimidar a los sindicalistas para que no voten, e incluso ha amenazado con que, si votan, la FSC denunciará sus nombres al Gobierno – una dictadura militar en el poder desde 2006. Desde el 23 de julio, cuando comenzó la votación, agentes de la policía y oficiales militares también han estado presentes en los centros de votación para amenazar e intimidar a los trabajadores y trabajadoras. El fiscal general, diseñador de numerosos decretos represivos mediante los cuales se han despojado a los trabajadores y ciudadanos de sus derechos fundamentales, ha promulgado amenazas contra el sindicato a través de la prensa controlada por el Estado. La última amenaza ha sido que el Gobierno intervendrá para mantener las azucareras en funcionamiento en caso de que se lleve a cabo la huelga. La interpretación que se le ha dado esto es que se movilizará al ejército para reemplazar a la mano de obra y/o que el Gobierno hará que el sector azucarero pase a incluirse en el ámbito de aplicación del Decreto relativo a las Industrias Nacionales Esenciales (ENI). Dicho Decreto, condenado en repetidas ocasiones por la Organización Internacional del Trabajo, elimina casi todos los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

“La CSI condena estas violaciones extremadamente graves contra la libertad sindical”, ha declarado Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI. “El régimen no ha demostrado más que desprecio por el estado de derecho y los intereses de sus propios ciudadanos y ciudadanas. Este comportamiento ruin, además de las anteriores palizas, arrestos arbitrarios, vigilancia de sindicalistas y el destripamiento al por mayor de la legislación laboral del país, explica por qué trabajadores de todo el mundo están solicitando que este año se establezca una Comisión de encuesta de la OIT. Es preciso detener este régimen infame.”