La misión, encabezada por Abdul Koroma, un distinguido jurista y antiguo magistrado de la Corte Internacional de Justicia, se llevó a cabo con el consentimiento previo del Gobierno y en base a un mandato acordado hace mucho tiempo por el Gobierno y la OIT. Sin embargo, la oficina del Primer ministro detuvo la misión en medio de su primera reunión y trató de imponerle sus propias condiciones. Como no se pudo llegar a un acuerdo, la misión de la OIT fue expulsada.
"Aun cuando el régimen pueden intentar ocultar la verdad, la prueba de su continua represión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras salta a la vista. La comunidad internacional no puede permitir que el régimen salga impune con este último espectáculo de absoluto desprecio por la OIT y por el sistema de la ONU”, afirmó Sharan Burrow.
El régimen de Fiji también está por ser interrogado por el Gobierno de EE.UU., el 2 de octubre de 2012, en relación con las pruebas de violaciones de los derechos de los trabajadores/as, poniendo así en juego la posible suspensión de sus preferencias comerciales. No cabe duda alguna de que este último desplante por parte del Gobierno de Fiji tendrá repercusiones sobre el resultado de esta audiencia.