La condena fue impuesta por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, en base a las acusaciones de la fiscalía del Estado que guardan relación con una serie de concentraciones de protesta que tuvieron lugar en 2015, incluyendo una manifestación organizada el 14 de noviembre de 2015 en Seúl, donde 100.000 manifestantes fueron dispersados por cerca de 20.000 agentes de la policía utilizando gases lacrimógenos y cañones de agua. Decenas de manifestantes resultaron heridos, algunos de gravedad, y se iniciaron causas penales contra 585 líderes y miembros de la KCTU, 20 de los cuales están detenidos y siete han sido imputados. La secretaria general de la KCTU, Lee Young-joo permanece bajo arresto domiciliario auto-impuesto en la sede de la confederación, después de haber recibido una orden de detención de las autoridades en diciembre.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, declaró: “esta criminalización de protestas legítimas resulta totalmente inaceptable, y refuerza el poder de los conglomerados industriales Chaebol que dominan ya la economía coreana. El partido gobernante de la presidenta Park Geun-hye ha perdido ya la mayoría parlamentaria en las últimas elecciones celebradas en abril, pero ella parece determinada a continuar permitiendo que las empresas sean quienes toman las decisiones, sin importar el daño ocasionado a la población obrera. La sentencia dictada contra Han Sang-gyun viene a demostrar que los tribunales están sometidos al programa político de un Gobierno que ya no tiene mayoría, en lugar de ponerse del lado del Estado de derecho. El movimiento sindical internacional continuará presionando para obtener su liberación y que se retiren los cargos que pesan contra todos aquellos que se enfrentan a procesos judiciales simplemente por haber defendido los derechos de los trabajadores y otras libertades fundamentales”.

En una carta remitida a la presidenta Park el 15 de junio, la CSI indicaba: “La imposición de cargos penales contra afiliados y líderes sindicales constituye una clara violación de los derechos fundamentales, y en particular del derecho a la libertad sindical. Lamentablemente, estas medidas represivas parecen haberse convertido en la respuesta habitual del Gobierno coreano contra las voces disidentes. Instamos por tanto a su Gobierno a que retire todas las acusaciones contra los sindicalistas por las acciones que han llevado a cabo en el marco de sus actividades sindicales pacíficas y legítimas, entre los que figuran Han Sang-gyun y Lee Young-joo; y que acabe con la criminalización de líderes y activistas sindicales. Asimismo, le pedimos que examine el marco jurídico nacional en consulta con los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil con vistas a evitar que este tipo de abusos vuelvan a producirse en el futuro”.

El vicepresidente del sindicato del transporte y los servicios públicos Korean Public Service and Transport Workers’ Union (KPTU), Cho Sung-deok, se enfrenta asimismo a cargos relacionados con las manifestaciones del 14 de noviembre. La fiscalía solicita para él cinco años de prisión.

Maina Kiai, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la reunión pacífica y de asociación, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso de Han Sang-gyun y del defensor de los derechos humanos Park Lae-goon, estableciendo que “acusar a participantes de asambleas de determinados cargos penales, como obstrucción general del tráfico, criminaliza de hecho el derecho a la asamblea pacífica”.