Sindicatos indonesios se movilizan para protestar por los salarios mínimos, los despidos y la legislación laboral

Las principales centrales sindicales de Indonesia – KSBSI, KSPI y KSPSI – han puesto en marcha una campaña nacional para protestar contra los salarios mínimos y la legislación laboral, convocando una manifestación en Yakarta que ha contado con la participación de 25.000 trabajadores y trabajadoras.

Los sindicatos reclaman para 2016 un aumento del salario mínimo del 25%, y han rechazado la propuesta del Gobierno por la cual éste se haría cargo de los ajustes de los salarios mínimos mediante un cálculo automático sin mantener ningún tipo de negociación. La elevada inflación impide a muchos trabajadores de Indonesia llegar a fin de mes, y habida cuenta de las decenas de miles de trabajadores que ya han sido despedidos este año, los sindicatos también reclaman al Gobierno que tome medidas para garantizar la seguridad laboral.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, ha expresado: “Los trabajadores y trabajadoras de Indonesia están sufriendo una enorme presión económica y ven que sus empleos peligran cada vez más, por lo que es preciso que el Gobierno garantice un salario mínimo decente y que implemente medidas para detener las devastadoras pérdidas de puestos de trabajo que están hundiendo a familias enteras en la miseria. El Gobierno tiene que hacer frente a los inversores extranjeros que tratan de utilizar la pérdida de valor de la rupia como excusa para mantener los sueldos a unos niveles inaceptablemente bajos, reducir puestos de trabajo y atenuar una legislación laboral ya debilitada. Los sindicatos han desarrollado propuestas concretas y constructivas que contribuirían a restablecer la estabilidad económica, y el Gobierno debe mostrarse dispuesto a sentarse a negociar con los sindicatos”.

Las centrales sindicales también están haciendo campaña conjunta a favor de la protección de los trabajadores migrantes y de los trabajadores del hogar por medio de la ratificación de determinados Convenios de la OIT; y campaña para que no se siga penalizando a trabajadores y dirigentes sindicales por el hecho de participar en huelgas legítimas.