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Sindicatos 2009: Estategias frente a la crisis mundial, el multilateralismo y los acuerdos comerciales y de inversión

Los dos primeros componentes del título de esta presentación son la consigna del Foro de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas que CSA decidió organizar en Trinidad Tobago, previo a la IV Cumbre de las Américas.

Con ello, el sindicalismo repite un fuerte protagonismo continental, desde su concepción y representatividad, como el que tuvo en la anterior Cumbre (Mar del Plata, noviembre 2005), cuando presentó la Plataforma Laboral de las Américas (PLA), como resultado de un proceso de varios meses de construcción de consenso con las coordinadoras sindicales subregionales, junto a las organizaciones mexicanas, canadienses y norteamericanas.

Es un hecho que hace tres años y medio, en ese final del 2005, no había una percepción clara sobre la crisis múltiple que se avecinaba, más allá de la evidencia que algo no funcionaba en el sector financiero global, señalada por la CIOSL desde hacía años. Por ello, la PLA se concentraba en dar al sindicalismo y el resto de la sociedad de la región lineamientos de tipo estructural, que pudieran ser útiles, ajustados a las particularidades de cada país, para ir en dirección a una transformación estructural de las economías de países que, en todos los casos, pertenecen al sur económico, más allá de sus tamaños y características. En sus documentos recientes (ante actividades en Washington, Belem, Londres), la CSI ha considerado llegado el momento y la oportunidad para que todos los países avancen hacia un cambio económico, que deje atrás no solo la crisis económica-financiera, sino las “otras” crisis relacionadas (energética-medioambiental, alimentaria) y la que, con elocuencia, CSI denomina la “crisis de la justicia distributiva”.

La estrategia de la CSI y sus regionales por una nueva gobernanza global incluye:

• una defensa del multilateralismo, estableciendo normas justas en materia de comercio internacional, para contribuir al desarrollo de los países y a la reducción de las desigualdades, y imitaciones a los comportamientos especulativos en los intercambios comerciales, incluidos los productos básicos y los mercados energéticos. Este multilateralismo debe incluir las cuestiones vinculadas al empleo como un elemento central.

• una cooperación global al desarrollo que retome la meta histórica del 0.7% del PBI de los países industrializados, incluyendo compromisos vinculantes y con cambios en la condicionalidad. . la construcción de una nueva arquitectura financiera y económica mundial, ya que las instituciones existentes en este campo no tienen ni la envergadura ni la credibilidad para esta tarea. Se necesita: la participación de otros países que los que forman el G-8, reflejado en el poder de voto; reglamentaciones de las inversiones extranjeras y los flujos de capital, incluyendo una “tasa Tobin”; ampliación de los préstamos de emergencia del FMI e incremento de la ayuda del Banco Mundial y organismos de Naciones Unidas para países en desarrollo y países emergentes afectados en su balanza de pagos, con condicionalidades positivas; control de la circulación monetaria y financiera en el mundo, así como del mercado de productos derivados, limitando la especulación y concentrando el papel de los mercados en la financiación de las empresas; rendición pública de cuentas por los bancos centrales; fin a los centros financieros “off-shore” y a otros paraísos fiscales; mayor regulación de la inversión extranjera; creación de nuevos servicios financieros para la economía solidaria; reglamentación del salario de los ejecutivos del sistema financiero.

• la generación de una “gobernanza social”, para enfrentar lo que parece avecinarse: una “crisis de desempleo” y “de pobreza”, con centro en una “seguridad social decente”, incluyendo una política protectora de los regímenes de pensiones, aumento del ingreso de los sectores bajos y medios, utilización de los salarios mínimos para establecer un piso remuneratorio; políticas de trabajo dirigidas a reducir el riesgo de desempleo; políticas focalizadas en los grupos más afectados: jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas de edad avanzada, discapacitados, trabajadores temporarios y a tiempo parcial. El aspecto social también se vincula con las políticas hacia la inversión extranjera, al introducir los dos principales instrumentos internacionales (Directrices OCDE y Declaración Tripartita de OIT). Asimismo, se establece un “puente” entre el capítulo económico y productivo, en cuanto a la recomendación de una política de inversión pública y privada en infraestructura, para estimular el crecimiento de la demanda y aumentar la productividad en el mediano plazo.

Este capítulo no deja afuera, la exploración del potencial (bastante difícil de concretar en América Latina-Caribe, del diálogo social, en cuanto a la búsqueda de acuerdos con gobiernos y sindicatos para desarrollar programas de reestructuración empresaria, incluyendo componentes de capacitación. En esta marco, es también infaltable la apelación permanente del sindicalismo por la vigencia del derecho de los trabajadores/as a formar sindicatos libres y a negociar colectivamente la redistribución de beneficios.

Las propuestas del sindicalismo internacional antes mencionadas tienen los elementos básicos que necesitan las sociedades de las Américas. El enfoque de la CSI se detiene poco en la situación de sus regionales, interpretando que la propuesta de cambio a nivel global es una condición básica para resolver los problemas del subdesarrollo, los cuales son reconocidos, en términos de desigualdad entre regiones y países. Ello es comprensible, en el sentido de que una organización global debe concentrarse en las propuestas globales.

En este sentido, la CSA (así como las otras regionales de la CSI) tiene el papel de avanzar específicamente en las problemáticas específicas de la región. En lo referente a América del Norte, el documento de AFL-CIO y CLC dirigido a los gobiernos de sus países son un compendio del enfoque requerido por CSA para esas sociedades, proyectado también a México. En lo que respecta a América Latina-Caribe, es necesario volver a la PLA y al enfoque estructural allí desarrollado, para encontrar una aplicación de coyuntura: una “PLA ante la crisis”, en sus planos internacionales y subregionales/nacionales.

Al momento de encarar esta tarea, aparecen elementos diferenciados de la propuesta global de la CSI que requieren ser interpretados. Por ejemplo, si en los países desarrollados la demanda es por una recuperación de los mayores niveles de igualdad que existían allí en décadas pasadas, esta formulación, en el caso de países con menor desarrollo, debe fijar la mirada en el hecho de que más que un “retorno”, se necesita una “llegada” a una mayor igualdad social. Asimismo, en cuanto al papel del Estado, hay que recordar el hecho de que en la periferia éste ha sido, durante el ciclo neoliberal, golpeado por versiones extremas del enfoque de la desregulación y de la meta del “Estado mínimo”. La propuesta estructural de la CSA tiene como eje central la consigna de un desarrollo sostenible, asumiendo el concepto internacionalmente reconocido desde hace veinte años, que destaca tres pilares: el económico, el social y el medioambiental. Lo que caracteriza a la CSA en esta propuesta es la importancia que le da al capitulo económico, lo que no suele observarse en otras aplicaciones del concepto (sobre todo en los países industrializados), en que rápidamente se pasa a los dos restantes. Por el contrario, para CSA se necesita, como condición esencial, un desarrollo de “nuevo tipo”, en que los países de la región avancen hacia economías mas justas y equilibradas en sus componentes internos y externos, que generen más y mejores trabajos, incluyendo niveles remuneratorios justos, complementados por políticas de protección social, que en su conjunto reconozcan las expectativas de las personas ubicadas en los segmentos medio y bajo de ingresos (la “base de la pirámide”), hacia un “consumo de masas”.

El centro está puesto en los problemas recurrentes del subdesarrollo económico de los países de la región, manteniéndose lejana la meta de alcanzar verdaderos procesos de acumulación en el largo plazo, con componentes de autonomía que reduzcan al mínimo el impacto de factores externos, ya sea una crisis financiera o las políticas de las transnacionales.

En el logro de esta economía diferente juegan muchos factores, como la política fiscal progresiva entre ricos y pobres (y al interior de estos entre los distintos sectores sociales), las políticas estatales que hacen accesibles los bienes públicos para las clases populares, en cuanto a salud, transporte, educación, vivienda y el propio consumo de alimentos, ropa y otros elementos de la vida cotidiana. Estos factores, así como la protección social, retroalimentan el consumo, hacia un circulo virtuoso económico. Junto al factor interno, se ubica el externo, partiendo del concepto de comercio justo en el multilateralismo, proyectándose hacia el plano de la integración regional, que desde hace casi veinte años es considerada clave por el sindicalismo latinoamericano-caribeño, especialmente entre países cercanos en cuanto a su desarrollo productivo y factores culturales. Por esta vía, se aumentan las interrelaciones comerciales y se juntan fuerzas ante otros bloques y ante los países centrales, permitiendo así su mayor capacidad para imponer sus condiciones en la “selva del mercado”. También se espera que a través de la integración los países miembros alcancen un grado alto de coordinación económica, de forma que los respectivos Estados nacionales se fortalezcan a travès de acuerdos. La magnitud y extensión de la crisis actual instala un contexto diferente a estas propuestas, respecto de lo cual es necesario formularse dos preguntas encadenadas: ¿ la crisis será un riesgo o una oportunidad para los trabajadores/as y sus organizaciones? ¿ Cómo aprovechar el momento para que las políticas públicas anticíclicas de los Estados nacionales incorporen elementos del enfoque estructural del sindicalismo? Como principio general, es claro que se necesita un doble movimiento de políticas, que enlace la reforma de las institucionales internacionales con la aplicación de programas de nuevo tipo en los países del sur. Algunos de sus elementos, que serán discutidos en el Foro, como base para propuestas estratégicas concretas de la CSA y sus afiliadas, son las siguientes:

Crisis y Trabajadores

1. El “clima de época” en relación a la crisis, ha instalado un enfoque positivo a la adopción de planes expansivos nacionales. En el norte, estos planes son también “de salvataje” de las empresas quebradas. En el sur debieran adoptar un perfil más amplio, para convertirse simultáneamente en una vía de resolución de los problemas estructurales. En el plano productivo, la etapa de auge del comercio internacional de commodities inmediatamente anterior a la crisis (y, en sí mismo, aportante a ésta), ha llevado a la “reprimarización” de las economías latinoamericanas involucradas. Este debiera ser entonces un elemento central al momento de volver a promover sectores económicos. En el plano social, CSA ha utilizado el término de “blindaje social” (en contraste con el financiero) para mostrar que, además de cuidar la recuperación de las empresas afectadas, se necesita atender a las personas. La existencia en las Américas de sistemas de pensiones basados en ahorros colocados en función del mercado bursátil, actualiza el debate sobre la disyuntiva entre sistemas públicos o privados, al poner en evidencia la fragilidad de este enfoque. En un plano mixto entre lo productivo y lo social, se ubica el “crecimiento verde”, un tema de amplio consenso que plantea la necesidad de que las medidas de inversión pública y privada en infraestructura, transporte colectivo y energía renovable se vinculen a la reducción de emisiones y la producción de carbono de los actuales procesos productivos. Este enfoque también favorece la estabilidad de los precios de los bienes energéticos, y presenta grandes oportunidades en materia de creación de empleo. Los planes productivos y sociales deben también incluir el componente de trabajadores inmigrantes, los cuales pueden ser especialmente afectados por la crisis.

2. Visto globalmente, hay que recordar que ALyC es la región más desigual del mundo, por la presencia de grandes clases medias bajas, junto a polos de poder económico concentrado, produciéndose así una gran heterogeneidad. El capitulo impositivo es clave para reducir la disparidad en los ingresos, y ello es permanente, no desapareciendo en época de crisis. Las políticas de protección social para las mayorías de excluidos son viables sólo con este financiamiento no contributivo.

3. El G-20 ha planteado la necesidad de retomar, en el nuevo contexto, las negociaciones multilaterales de comercio, como una forma de neutralizar el potencial proteccionismo que puede traer la crisis, y se hacen llamamientos a una pronta finalización de la Ronda. Sin embargo, se mantienen las razones por las que la gran mayoría de los países del sur no apoyaron la conclusión de Doha. En ALyC, el Grupo Sindicatos OMC de la CSA acompañó al Grupo NAMA 11 de la CSI en la adopción de una estrategia en este tema en igual dirección.

4. La crisis trae potencialmente una nueva ola de proteccionismo, aplicada a un retraimiento de las economías nacionales al interior de sus fronteras. Incluso, cuando existen procesos de integración regional, pueden aparecer (y de hecho ello ya ha comenzado) medidas unilaterales de sus países miembros en igual dirección. Esto tiene que ser evitado, al tiempo que pueden utilizarse los propios procesos de integración para encarar los planes de reactivación, con formato supranacional, por ejemplo en el campo de la infraestructura física.

5. Es mínimo el número de países de América Latina-Caribe que podrá encarar con fondos propios programas anticíclicos. Se necesita entonces vincular esta dimensión nacional con la global, encontrando una fuente de apoyo externa, con la obvia condición de que no agrave la situación de endeudamiento externo. Existen propuestas varias en esta dirección, desde la utilización del instrumento de los Derechos Especiales de Giro (DEG), hasta de los fondos soberanos de paises emergentes. 6. La reducción de los desequilibrios económicos globale está en el corazón de la reforma al actual modelo de capitalismo global. Por un lado, los países deficitarios en su cuenta corriente externa (comenzando por EE UU) deberán tener una actitud macroeconómica prudente a mediado plano, apuntando a equilibrar esta cuenta, al trazar las politicas fiscales y monetarias, y al definir sus políticas referidas al consumo y a las importaciones, para moderar ambos factores. Ello no es contradictorio con que, ante la crisis, en el corto plazo adopten medidas temporales (rebajas fiscales puntuales o proyectos de inversión pública). Por otro, las economías con exceso de ahorro deben reducir progresivamente sus superávits de cuenta corriente, mediante la “inversión en sí mismos”, reforzando su demanda interna en vez de colocar sus recursos en el exterior. Los recursos podrán dirigirse a mejorar sus infraestructuras productivas y sociales, favoreciendo el crecimiento económico y promoviendo el desarrollo social, para elevar el nivel de vida de su población, frecuentemente postergada en la dinámica anterior. En este contexto, aparece el recuerdo del “Bretton Woods que no fue”, es decir, el enfoque (denominado a veces de “Keynesianismo Global”), planteado por el propio Keynes, como negociador por el Reino Unido. Los artículos presentados en esta compilación reúnen entonces perspectivas nacionales, subregionales e internacionales que colaborarán sin duda para que el Foro avance hacia el objetivo de alcanzar una estrategia que refleje lo común y lo diverso de la clase trabajadora de las Amèricas hacia la exploración de las posibilidades que la actual crisis ofrece a la batalla de largo plazo por, como dice la consigna, un modelo sustentable y justo de desarrollo.

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