El informe, presentado para el examen de las políticas comerciales de la OMC de los 27 países de la UE esta semana, también critica las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia que han erosionado fundamentales los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, cita una discriminación persistente contra la mujer en el trabajo.
"Es preciso que los países de la Unión Europea corrijan las deficiencias en la legislación laboral para permitir que aquellos y aquellas que trabajan puedan ejercer plenamente sus derechos en virtud del derecho internacional. La erosión de estos derechos deja a los trabajadores sin una protección adecuada y frena los ingresos en un momento en que la economía de Europa necesita desesperadamente una mayor demanda para recuperarse", afirmó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.
Aun cuando el informe hace hincapié en que las normas fundamentales del trabajo se respetan por lo general en la ley y la práctica, critica esencialmente los siguientes ámbitos:
Las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, que han sido criticadas por la OIT y socavan drásticamente los derechos de los trabajadores, incluyendo el derecho de huelga;
A pesar de legislación relativa a la igualdad, continúa la discriminación contra la mujer en el mercado laboral. Esta discriminación incluye una elevada concentración de mujeres en empleos de bajos ingresos, una persistente brecha salarial de género, y la falta de oportunidades para las mujeres en los altos cargos directivos;
La explotación económica de niños y niñas, que aunque no es generalizada, afecta a determinados grupos, como los romaníes y los niños originarios del norte de África y Asia.
Se acoge con satisfacción el apoyo que concede la Unión Europea a las normas fundamentales del trabajo en varios aspectos de su propio sistema comercial, incluyendo en su Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+), en virtud del cual los países en desarrollo que respeten las normas fundamentales de la OIT son elegibles para un mejor acceso al mercado europeo. Actualmente la CES y la CSI están solicitando que el SGP investigue las violaciones de los derechos laborales cometidas por Georgia y Uzbekistán.
