La demanda se decide en un tribunal en el marco del viciado procedimiento de solución de controversias entre inversores y Estado, denominado “ISDS” por sus siglas en inglés, que las empresas y algunos gobiernos quieren que se incorpore en los posibles nuevos acuerdos comerciales, tales como la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP).
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, señaló: “Una vez más se trata de una empresa multinacional que intenta utilizar tribunales de arbitraje internacional opacos e irresponsables para perpetrar un robo en toda regla contra un Estado soberano. Los gobiernos deben defender los derechos de sus propios pueblos, en lugar de entregar el poder de sus propias economías y sistemas jurídicos al procedimiento de solución de controversias entre inversores y Estado, donde los abogados de las empresas pueden actuar como juez en un caso y como procurador de justicia en el siguiente. La comunidad internacional tiene que poner alto a la avaricia corporativa e introducir un poco de equilibrio y equidad en el sistema comercial mundial.”
Una declaración avalada por la CSI y más de 40 organizaciones expone los detalles del caso, que involucra a una empresa a la que el Gobierno salvadoreño negó el permiso de explotación por motivos medioambientales.
Para más información, consulte Equal Times
