La labor de la Alianza Mundial con respecto a los compromisos temáticos empieza con mal pie

Lo que podría y debería haber sido el lanzamiento oficial de la Alianza Mundial de Busan para una Cooperación al Desarrollo Eficaz (GPEDC, pos sus siglas en inglés) resultó ser un acto que siguió las líneas habituales y pasó por alto las solicitudes de los países socios y la sociedad civil. Seis meses después de Busan, y tras un intenso trabajo en el Grupo Interino Post-Busan, se pidió al Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda de la OCDE-CAD que concluyera su trabajo y pusiera en marcha la GPEDC.

Dado el alcance de la Alianza de Busan, que incluye a las economías emergentes en el mundo de la cooperación al desarrollo, se extiende al sector privado y cuenta con un carácter integrador y pluripartito, se esperaba mucho en muchos aspectos de su lanzamiento.

Sin embargo, la dinámica intergubernamental permeó el proceso de toma de decisiones e impuso lo que para mucho continúa siendo un “consenso” impulsado por los donantes que concordaba perfectamente con la postura política sin ambiciones de muchos de los actores.

“Enfoque ligero en el ámbito mundial”: la insoportable levedad del fetichismo de la figura del donante…

La idea de un enfoque ligero en el ámbito mundial, que supone que el marco político, de supervisión y de control de la Alianza debería centrarse en la acción nacional y que la Alianza no debería convertirse en otra entidad burocrática internacional, se reflejó, con toda su simplicidad, en la postura de muchos actores, especialmente en la de los donantes tradicionales.

Reuniones ministeriales bianuales ambiciosas organizadas por una docena de miembros del grupo director deberían dar cabida a la dinámica de la Alianza de Busan, que ahora incluye la ampliación ambiciosa de los socios a economías emergentes y países socios y la apertura a nuevas dimensiones como la del sector privado y la cooperación Sur-Sur. En esto se ha quedado el espejismo que los donantes y las múltiples partes interesadas (quizás entusiastas/orgullosos de su propia burocracia) estaban decididos a imponer. Sin embargo, el aumento del número de miembros del grupo director a 18, que sigue siendo una cifra ridícula si se tiene en cuenta la variedad de partes interesadas y representantes en la GPEDC, fue impuesto en primer lugar, no por los otros socios, sino por los propios donantes. A su vez, las peticiones legítimas de la Unión Africana, las OSC, los sindicatos y otros socios simplemente se ignoraron y se relegaron al olvido sin ningún tipo de seguimiento.

De un enfoque intergubernamental a un enfoque pluripartito: el eslabón perdido todavía sigue perdido.

El optimismo y el entusiasmo que generó el Programa de Acción de Accra, no sólo entre la sociedad civil sino también entre muchos otros socios, para establecer una gobernanza innovadora que incluyera a la sociedad civil en todas las etapas de la toma de decisiones, se vieron gravemente afectados después de Busan. El “consenso” impuesto, aunque renovó el único puesto que ocupa la sociedad civil en el Comité Director, dio por sentado que tres copresidentes gubernamentales deberían a partir de ahora dirigir el proceso y simplemente ignoró la solicitud de que hubiera un copresidente no gubernamental con el fin de garantizar un verdadero proceso con múltiples partes interesadas, en espíritu y sobre todo en la práctica, cuando se lleve a cabo la labor de la Alianza. La bandera pluripartita ondeaba alta en el barco de Busan, pero en el puente de mando sólo se acepta a los gobiernos. No se trata de mala voluntad, sólo es lo que se considera “normal” en el modelo de siempre.

Crecimiento inclusivo y sindicatos invisibles

Debe de haber sido la fe todavía dominante en los círculos neoliberales la que ha llevado a pensar que el crecimiento inclusivo es una cuestión gestionada por una mano invisible, en lugar del resultado del diálogo político y la cooperación social. Este entusiasmo ciego confía en que lo obvio es que el sector privado esté representado por las empresas. Al contrario de la práctica habitual en la OIT, la OCDE, el G20 y recientemente también en la OCDE-CAD, los defensores del sector privado no contemplaron una representación equilibrada a la hora de dar forma a las estructuras de gestión de la Alianza. De ahí que los sindicatos pidieran que se adaptara “el consenso” para integrar un enfoque más incluyente en materia de cooperación social.

Sin embargo, el “consenso” no se podía modificar de nuevo, aunque muchos interlocutores coincidieran informalmente en que era una situación desafortunada, debida más a las circunstancias que a cualquier elección política.

La imposición del consenso como base para la cooperación pluripartita

Lo más asombroso del lanzamiento de esta Alianza fue el método del consenso impuesto. Cabría esperar que si una de las partes expresa su desacuerdo (e incluso abandona la sala a causa de ello) se llegue a la simple conclusión de que no hay consenso entre las partes concernidas. No fue el caso en la Alianza: la Unión Africana, la sociedad civil y otras partes protestaron contra las propuestas que se habían presentado y pidieron que se hicieran ajustes. La Alianza fue una operación difícil pero positiva que abrió el camino para nuevos enfoques innovadores en la cooperación al desarrollo. Al imponer un consenso impulsado principalmente por los donantes, la Dirección ha mostrado claramente que no se trata de cambiar las reglas del juego, sino de seguir las líneas habituales, por lo que el proceso tendrá muy poco interés en el futuro si no se hacen ajustes adicionales.

Por Jan Dereymaeker, RSCD/CSI