ELinforme señala que “Cada uno de los gobiernos que ha tenido Guatemala desde 1996, ha insistido en la imposición de un cuestionable modelo de desarrollo, cuyo efecto ha sido básicamente el incremento de los niveles de exclusión y, para los pueblos indígenas, una lucha cada vez más férrea porque finalmente se respete su derecho a realizar sus aspiraciones, a determinar su desarrollo y a preservar su cultura e identidad intrínsecamente relacionada con su entorno y la naturaleza.”
El informe insiste sobre la realidad de Guatemala, y la falta de consulta a los pueblos indígenas tal como lo requiere el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que coincide con la evidencia de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, a saber, que los pueblos indígenas guatemaltecos siguen siendo víctimas de racismo, discriminación, represión y exclusión.
El Informe señala que a pesar de que el Convenio 169, fue parte integral de la firma de los Acuerdos de Paz firmados en 1996, los indicadores y recientes informes de las Naciones Unidas demuestran que la situación de exclusión de estos pueblos se ha agravado. El informe además concluye que el problema crucial en Guatemala no es la falta de legislación, si no la falta de voluntad política del Estado.
En este marco, la CSI junto con su organización regional, la CSA organizó en Guatemala los días 25 y 26 de marzo un Foro sobre el Convenio 169 con la participación de organizaciones afiliadas y organizaciones indígenas de aquellos países con alto porcentaje de población indígena y representantes del Foro Permanente sobre Pueblos Indígenas de la ONU y de la OIT en el cual durante dos días se intercambiaron experiencias de trabajo y se discutieron iniciativas para integrar y articular el trabajo sobre pueblos indígenas entre las centrales sindicales, las organizaciones de pueblos indígenas y la OIT a fin de hacer avanzar la implementación del Convenio y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
La CSI representa a 176 millones de trabajadores y trabajadoras de 312 organizaciones afiliadas nacionales en 155 países y territorios.
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