El anuncio repentino por parte del Gobierno de retrasar la edad de jubilación ha suscitado una contundente respuesta de oposición por parte de una pluralidad de agentes sociales, partidos políticos y medios de comunicación. Teniendo en cuenta el progresivo incremento de la edad media de la población activa española, y ante la bajada recaudatoria de ingresos a la Seguridad Social por motivo de la crisis, el Gobierno ha formulado una batería de posibilidades con el objetivo de contener el gasto público. Las propuestas presentadas han sido el retraso en la edad de jubilación, la reducción de cotizaciones sociales por cuenta del empresario, una revisión a la baja de los criteriores para el acceso y cuantía de las prestaciones de la jubilación, y la limitación del derecho a pensión de viudedad.
Toda persona tiene derecho a disfrutar de la pensión de jubilación a partir de los 65 años – si no antes – como merecido descanso al término de su vida laboral. El aumento progresivo de este límite se correspondería con efectos nocivos para la salud y una merma en las condiciones de vida. Este argumento es un axioma innegable que sin duda apoyamos desde nuestra organización y que ha sido esgrimido también por todas aquellas voces críticas para con la propuesta del Gobierno. No obstante, desde la Secretaría Confederal de Juventud de Comisiones Obreras queremos llamar la atención sobre las consecuencias colaterales que la adopción de esta política revertiría sobre otros grupos de población.
La dificultad de acceso al mercado de trabajo para las personas jóvenes es una realidad que se refleja períodicamente en los informes del Instituto Nacional de Estadística. Numerosas fórmulas contractuales se han diseñado a lo largo de pasadas legislaturas para hacer frente a esta situación, existiendo consenso generalizado sobre la importancia de llevar a a cabo acciones que impulsen el relevo generacional en el acceso al mercado de trabajo. Si bien las cifras arrojan clara evidencia de que hay que seguir trabajando por llevar a término este objetivo, se pone de manifiesto la incoherencia entre este tipo de medidas y la prolongación de la vida laboral, que agravaría aún más las ya menguadas oportunidades de acceso al trabajo para la juventud.
Es claro que el envejecimiento de la población española está poniendo en serio riesgo no sólo el futuro del sistema público de pensiones, sino en general todas las garantías de protección social de nuestro estado de bienestar. Considerando esta premisa, lo verdaderamente sensato sería definir cuáles son las causas de tal fenómeno y no ir poniendo parches anticipados a los efectos. En este sentido, la tardía incorporación de la gente joven al mercado de trabajo limita sensiblemente sus años de cotización a la Seguridad Social. Por ello, desde CCOO creemos que la necesidad de ingresos al sistema en ningún caso debería abordarse desde una política de contención en el gasto, sino con propuestas activas de empleo que aumenten la recaudación.
La emancipación de la juventud se vuelve directamente proporcional a la edad de entrada en el mercado de trabajo. Si se extiende de 65 a 67 años el retiro del resto de la población trabajadora, las personas jóvenes de nuestro país no sólo tardarán más en lograr su autonomía económica y social, sino que además serán los futuros sufridores y sufridoras directos de ese retraso en la jubilación: estarán vetados al principio y penalizados al final de su vida laboral.
Sin duda la propuesta del Gobierno español es injusta y desacertada; los argumentos esgrimidos dan buena cuenta de ello. Nuestra línea de actuación se sitúa en acciones como el incremento del salario mínimo interprofesional, acabar con el fraude en la contratación temporal no justificada y, sobre todo, el emprendimiento de un política de empleo juvenil que incorpore a la creciente masa de jóvenes desempleados al mercado laboral en condiciones decentes. Sólo en esta dirección podremos asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones.
