La CIT de este año sentará las bases para la elaboración de una nueva norma internacional cuyo objetivo sería cambiar el modelo fallido y explotador de las cadenas de suministros que domina actualmente la economía mundial.
El informe de la CSI “Escándalo”, publicado en enero, reveló una mano de obra oculta de 116 millones de trabajadores, es decir el 94 por ciento de la fuerza laboral total de 50 importantes multinacionales, y que la mayoría de las compañías no asumían la responsabilidad de garantizar un salario mínimo vital, seguridad laboral y condiciones de trabajo decentes.
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, comentó: “El modelo de las cadenas mundiales de suministro mantiene a los trabajadores y a sus familias en la pobreza, mientras que las compañías para quienes trabajan han venido obteniendo enormes beneficios a costa de ignorar la legalidad fuera de sus países de origen. La OIT, con su sistema tripartito único, se enfrenta al desafío de conseguir que se respete la legalidad y que la riqueza mundial pueda repartirse de manera más justa. Los Gobiernos reconocen la seriedad del problema, y algunas multinacionales se han dado ya cuenta de que deben aceptar su responsabilidad a todos los niveles de las cadenas de suministro. De no actuar, millones de trabajadoras y trabajadores y sus familias continuarán en la pobreza, y se reducirán aún más los mercados justo en el momento en que la economía mundial necesita el estímulo que aportarían unos salarios decentes y empleos seguros”.
Una nueva Encuesta Nuevos Frentes de la CSI 2016, que se publicará mañana, revela un apoyo mayoritario de la población a que se tomen medidas, con el 82 por ciento responsabilizando a las compañías de los actos de sus subcontratistas y el 77 por ciento favorable a que las compañías sean abiertas y transparentes respecto a sus subcontratistas.
Una de las demandas básicas de los trabajadores durante la “discusión general” sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, es que la Conferencia acepte la necesidad de elaborar una norma legal que incluya el requisito de que los Gobiernos exijan a las empresas con sede en sus países responsabilidades legales respecto al trato que reciben los trabajadores en toda su cadena de suministro, e imponer la “debida diligencia” a las empresas a lo largo de todas sus cadenas de suministro.
“Gobiernos y empleadores deben reconocer que el actual sistema está fallando a las familias trabajadoras, y aceptar que eludir la legalidad para los trabajadores y trabajadoras ya no es aceptable”, comentó Burrow.
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