Desde luego, el carácter innovador de todo el ejercicio de programación viene constituido por el destacado rol que se le ha otorgado a la apropiación de los procesos de desarrollo de los países asociados. Esto quiere decir que la UE se ajustará a los Planes de Desarrollo Nacionales (PDN) existentes de los países asociados, que en principio deberían explicar detalladamente las necesidades y prioridades para la financiación del desarrollo. Al hacer esto, la UE tendrá que sincronizar los ciclos de planificación con los ciclos de cada país asociado, confiriendo el máximo grado de flexibilidad para respetar los sistemas de los países asociados. Por último, siguiendo la coordinación reforzada aprobada por el Tratado de Lisboa, los procesos de programación común con Estados miembros de la UE presentes en los países asociados son prioritarios, aunque siguen estando basados en un compromiso voluntario.
¿Qué quiere todo esto decir en la práctica? En realidad, las Delegaciones de la UE en los países asociados desempeñarán un papel fundamental en la programación de la cooperación al desarrollo de la UE. Las Delegaciones serán responsables de la estructuración de los diálogos políticos con instituciones de los países asociados, determinando unas prioridades estratégicas de desarrollo que habrán de ser apoyadas por la UE (de acuerdo con el principio de “concentración” del Programa para el Cambio, seleccionando tres sectores prioritarios para la cooperación bilateral). Por otra parte, una vez que las Delegaciones hayan redactado una propuesta [1] de respuestas en base a su evaluación de los PND, ésta habrá de ser aprobada por las sedes centrales, es decir el SEAE [2] y la DEVCO. El proceso de programación concluirá a finales de 2012, puesto que 2013 estará dedicado a la identificación y formulación de programas.
Parece evidente que los Estados miembros van a desempeñar un rol más fuerte, y que serán capaces de ejercer desde el principio su influencia en el proceso de programación de la UE a nivel de los países, así como en una fase posterior, a nivel de las sedes centrales. Sin duda, esta disposición está enfocada a la consolidación del perfil de cooperación al desarrollo de la UE, y esperamos que permita mejorar la coherencia y la división del trabajo entre los donantes. No obstante, sigue habiendo varios retos relevantes.
La creciente responsabilidad de las Delegaciones ha de estar vinculada a una mayor capacidad para implicarse en diálogos políticos con instituciones de los países asociados, servicios diplomáticos de los Estados miembros y, de igual importancia, para implicar a la sociedad civil en el diálogo de políticas. A este respecto es preciso recordar que la UE fue uno de los mayores defensores del principio de apropiación democrática en las discusiones sobre la eficacia del desarrollo. En este sentido, reforzar la capacidad política y operativa de las Delegaciones debería convertirse en un objetivo prioritario. Además, la voluntad política de los Estados miembros jugará un papel destacado para que el “programa común” se traduzca en la práctica, considerando los intereses bilaterales potenciales, no sólo/siempre vinculados a las prioridades del desarrollo.
Todos estos elementos hacen que la implicación política de los sindicatos sea más crucial todavía. Será indispensable que los sindicatos se impliquen durante la fase de programación tanto a nivel de los países como a nivel de las sedes centrales. En los países asociados, las organizaciones sindicales deberán mantener un contacto proactivo con las Delegaciones de la UE a fin de influir en los objetivos y estrategias de la cooperación al desarrollo de la UE. Lo mismo es aplicable para los sindicatos europeos con respecto a sus propios Gobiernos nacionales/agencias donantes. Por último, el recién establecido Foro de la UE sobre Políticas para el Desarrollo debería convertirse en un lugar para llevar a cabo debates efectivos sobre las prioridades del desarrollo, en el cual la CSI/RSCD esté activamente involucrada.
Artículo de Paola Simonetti, CSI - RSCD
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