Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone de relieve las violaciones de los derechos sindicales en México

La CSI, su Organización Regional para las Américas, CSA, y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) de México, recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su lucha contra el uso de “contratos de protección” de los empleadores.

El 5 de diciembre, los sindicatos presentaron a la CIDH testimonios detallados denunciando el recurso persistente y generalizado a este tipo de contratos de protección en México, con los que los empleadores, el Gobierno y sindicatos afines a la patronal se confabulan para negociar acuerdos secretos estableciendo bajos salarios y beneficios mínimos o ninguno.

Estos contratos de protección despojan a los trabajadores de su voz en el trabajo, utilizándose como un medio para impedir el desarrollo de sindicatos libres e independientes. Las organizaciones sindicales presentaron además testimonios relativos a violentas campañas antisindicales y reiteradas denegaciones al derecho de huelga, demostrando que los trabajadores mexicanos no disponen de un recurso efectivo a la justicia. Estas prácticas vulneran los tratados fundamentales del sistema interamericano, que protege claramente la libertad de asociación, incluido el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga.

“Durante años, la CSI y la CSA, junto con su afiliada la UNT, han venido combatiendo las violaciones a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva en México, incluyendo el pernicioso sistema de los contratos de protección, que se calcula que representan 9 de cada 10 convenios de trabajo”, explicó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow. “La implicación de la CIDH es muy de agradecer, complementando la labor de la OIT, y confiamos que acelere la introducción de reformas en México”.

Como respuesta a la presión internacional, el Gobierno de México inició una serie de reformas abordando la cuestión de los contratos de protección. Las reformas constitucionales eliminarían las Juntas de Conciliación y Arbitraje tripartitas, dominadas por sindicatos afines a la patronal) y transferirían sus funciones al Poder Judicial. No obstante, recientes propuestas gubernamentales para reformar la ley federal del trabajo podrían socavar seriamente cualquier impacto positivo de las reformas constitucionales.

El informe de los solicitantes está disponible aquí. Se incluirán fotos y un vídeo de la audiencia en el sitio web de la Comisión: www.cidh.org