Bruselas, 6 de marzo de 2009: Lina Paola Malagón Díaz, abogada defensora de los derechos sindicales y miembro de la Comisión Colombiana de Juristas, abocada a una constante labor de denuncia sobre la impunidad de la violencia antisindical, recibió un fax escalofriante en el que se la declara objetivo militar.
En febrero de 2009, Lina Paola Malagón realizó un informe sobre la impunidad existente en los crímenes que se cometen en Colombia contra los sindicalistas por sus actividades de defensa de los derechos laborales. Este informe fue un insumo importante para la audiencia que se llevó a cabo el 12 de febrero de 2009 en el Congreso estadounidense, que fue convocada por George Miller, Presidente de la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y cuyo propósito fue examinar la situación de los derechos de los trabajadores/as en Colombia y la violencia antisindical.
El trabajo realizado por la CCJ para dicha audiencia se coordinó con el Director de la Escuela Nacional Sindical (ENS) José Luciano Sanín Vásquez, quien participó en el espacio convocado por George Miller. Esta participación generó la reacción del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, quien señaló a los participantes de la reunión como personas que distorsionaron la verdad, motivadas por “el odio político”. La Central Sindical de Estados Unidos (AFL – CIO) se pronunció señalando que tales declaraciones representan un riesgo muy serio para las personas que participaron en la audiencia y le solicitó al Presidente Uribe retirar en forma inmediata dichas declaraciones y hacer un reconocimiento público a la legitimidad y al valor del trabajo de las y los defensores de derechos humanos en Colombia, incluidos las y los sindicalistas. Adicionalmente lo instó a garantizar el libre ejercicio de la defensa de los derechos sindicales para que este trabajo pueda desarrollarse sin temor a represalias.
En una carta enviada por la CSI al Presidente Uribe, Guy Ryder, Secretario General denuncia enérgicamente las amenazas recibidas por Lina Paola Malagon, y le encarece, en nombre de la Comunidad sindical internacional, a él personalmente y a su Gobierno que dé las garantías necesarias para la protección de la vida e integridad de la abogada Lina Paola Malagón Díaz. Igualmente, exige a la Fiscalía General de la Nación que inicie inmediatamente las investigaciones necesarias y pertinentes para dar con los responsables de estas amenazas. La CSI envió el 5 de marzo una queja al Comité de Libertad Sindical en el marco del caso 1787
Foto: A Look Askance
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