Brasil: Decisión de la Corte Interamericana representa una victoria en la lucha contra la esclavitud

La CSI ha acogido con beneplácito el llamamiento por parte de la oficina de la OIT en Brasil para una redistribución de las tierras para combatir el trabajo forzoso en el país, que se produjo tras una sentencia histórica por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociendo la responsabilidad del Gobierno y decretando que deberá hacerse cargo de pagar indemnizaciones a 125 personas que fueron víctimas de prácticas de esclavitud en una hacienda en el Estado de Pará.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, comentó: “Poderosos terratenientes son responsables de la existencia de esclavitud en Brasil, y esta sentencia exige cuentas a las autoridades en cuanto a la protección de los trabajadores frente al trabajo forzoso. Con las medidas del Gobierno de Michel Temer, revocando numerosas leyes laborales y su aplicación, muchas más personas corren el riesgo de quedar atrapadas en situaciones de trabajo forzoso. Entre tanto, los perpetradores, incluidos algunos actuales miembros del Parlamento, escapan a la justicia. Una justa distribución de las tierras y la plena aplicación de la legalidad son cruciales para poner fin a la esclavitud en Brasil”.

Durante décadas, los trabajadores brasileños, muchas veces de origen indígena o afrodescendientes, han venido siendo explotados y mantenidos en la más extrema pobreza por terratenientes en el noreste del país. Bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, más de 44.000 personas fueron liberadas de condiciones afines a la esclavitud; no obstante, desde que Rousseff fue destituida por Temer, la voluntad política para poner fin al trabajo forzoso está totalmente ausente.

En 2014, el lobby de la agroindustria consiguió evitar que el Tribunal Supremo derogase la publicación de una “lista negra” de compañías que se beneficiaban de la esclavitud, y ciertos parlamentarios brasileños que destacaron en la destitución de Rousseff podrían tener que responder a plausibles alegaciones de ser responsables de recurrir a la esclavitud. El diputado Beto Mansur, un firme opositor de Rousseff, se enfrenta a cargos por haber empleado a 46 personas, incluyendo varios menores de edad, en condiciones de esclavitud, en un caso que está siendo examinado en apelación por el Tribunal Supremo, por motivos de procedimiento; mientras que otro parlamentario recién designado, Nelson Nahim, fue liberado recientemente de prisión tras haber cumplido apenas cuatro meses de una condena de 12 años por su implicación en una red de esclavitud sexual incluyendo a víctimas incluso de apenas 8 años de edad.

En total, 30 de los 81 senadores y 130 de los 513 parlamentarios están implicados en investigaciones bajo la autoridad del Tribunal Supremo. Las investigaciones de corrupción en relación con políticos cercanos a Michel Temer, y posiblemente con el propio Temer, probablemente se reducirán tras la muerte el 19 de enero, del juez del Tribunal Supremo Teori Zavascki, encargado de supervisar las investigaciones. Zavascki falleció al estrellarse la avioneta en que viajaba.

“La labor de instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta indispensable cuando los sistemas legislativo y judicial no consiguen que se respete la legalidad, como es el caso en Brasil hoy en día. La CSI continuará colaborando con estos organismos a fin de promover y defender los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras”, afirmó Burrow.

La sentencia en el caso de la Fazenda Brasil Verde, publicado por la Corte el 15 de diciembre, es el primero en que se aplica el Artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe la esclavitud y servidumbre. La CSI remitió a la Corte un escrito amicus curiae, y la Corte admitió los argumentos contenidos en el mismo.

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