Poner fin a las sanciones ahora, antes de que se instauren las reformas necesarias, podría frustrar las esperanzas del pueblo birmano de lograr un futuro mejor. Por otro lado, nuevas inversiones internacionales en ausencia de un auténtico Estado de derecho y una rendición de cuentas pública no contribuirán al desarrollo económico y social de Birmania a largo plazo, sino más bien perpetuarían las violaciones de los derechos humanos.
“Se han tomado pasos importantes en Birmania, pero el trabajo forzoso y otras graves violaciones de los derechos humanos continúan multiplicándose. Los intereses de la población birmana han de tener prioridad frente a los intereses de los negocios globales. La comunidad internacional debe apoyar y alentar la reforma, y únicamente levantar las sanciones cuando se cuente con progresos reales y mensurables respecto a la democracia, los derechos de los trabajadores y el imperio de la ley”, afirmó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.