Necesitamos alternativas reales – financiación pública y justicia fiscal – para superar los numerosos retos actuales y futuros: luchar contra la corrupción y los flujos financieros ilícitos, eliminar los ciclos de endeudamiento y contar con un comercio que apoye el desarrollo local en lugar de priorizar los intereses de las multinacionales a través del mecanismo de resolución de controversias entre inversor y Estado.

El documento final de la FpD carece de una contextualización adecuada dentro del marco de derechos humanos y se centra demasiado en los derechos de los inversores, lo cual expone un intento encubierto de establecer una jerarquía normativa que favorece a los inversores frente a las personas.
El discurso convencional en materia de crecimiento y la dependencia excesiva en el sector privado son elementos esenciales del modelo actual de FpD, a pesar del número creciente de pruebas de sus implicaciones sociales y ambientales insostenibles. Se centra en promover un entorno propicio para las empresas sin hacer hincapié en la necesidad de medidas políticas sólidas para reglamentar las actividades del sector privado.

Además, el discurso sobre la financiación combinada y las APP apenas concuerda con el compromiso de Addis de desarrollar principios y normas para proteger el interés público.

La prestación de servicios públicos de calidad universalmente accesibles contribuye a la reducción del hambre, la pobreza y la desigualdad y la expansión del trabajo decente, y potencia la integración y la cohesión social. La experiencia con las asociaciones público-privadas (APP) muestra que la privatización tiene deficiencias fundamentales. Las APP en los países tanto ricos como pobres muestran que constituyen una manera cara e ineficiente de financiar infraestructura y servicios, puesto que ocultan los préstamos públicos, y ofrecen al mismo tiempo a las empresas privadas garantías públicas a largo plazo de beneficios.